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Seis de los ochos camiones con los que Contenur prestaba
el servicio de limpieza y recogida de contenedores en Ceuta
están alquilados a Trace y así se desprende de las
declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Guillermo
Martínez, que ayer reconoció que la empresa tiene estos
vehículos en “renting” y que, por lo tanto, no pertenecen a
la Ciudad.
El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, arrojó ayer
un poco más de luz sobre el estado en el que se encuentra el
proceso de liquidación del contrato con Contenur después de
que el PSOE denunciara que en este caso también se habían
producido “pagos indebidos” como con Urbaser. Martínez, que
advirtió de que no ha tenido acceso a “mucha información”,
sí reconoció que en el acta de recepción del contrato de
Contenur, firmada por los técnicos correspondientes, figura
que la Ciudad ha recepcionado dos vehículos. “Eso no lo
podemos obviar”, señaló para insistir en que “se va a
estudiar el expediente como procede”.
“Estamos en el proceso de liquidación del contrato, por lo
que es el momento procesal para hacerlo”, puntualizó el
también consejero de Hacienda que se mostró prudente y no
quiso ahondar en detalles. Eso sí, Martínez advirtió de que
si al final de la liquidación del contrato, “se pudiera
deducir que Contenur tendría que haber hecho algo que no ha
hecho, se le va a reclamar sin ningún tipo de ambages”. El
también consejero de Hacienda reconoció que tras leer el
pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas, tiene “una teoría”, pero no la quiso
desvelar. Martínez aseguró que no es él “quien tiene que
interpretar el pliego”, y que serán los técnicos los que
determinen qué procede hacer.
Lo que sí pudo explicar el portavoz es que Contenur presentó
una oferta en la licitación del contrato de contenedores en
el que aparecían ocho vehículos. De ellos, dos se han
entregado a la Administración, y sobre los seis vehículos
restantes Martínez señaló que ”hay un contrato de renting de
la empresa Contenur y que por tanto no son de la Ciudad”.
Ahora, se está estudiando si la empresa tendría que aportar
ocho camiones, ninguno, los dos que ya ha entregado.
No obstante, Martínez quiso “contextualizar” la situación y
dejar claro que el valor que pueden tener los camiones es
“residual” porque se compraron hace once años y desde
entonces se han usado “todos los días”. A pesar de ello, el
portavoz hizo hincapié en que si al final se deduce que
tenían que haber entregado esos seis vehículos se reclamará
reclamar a Contenur lo que proceda, “aunque sea 4.000
euros”.
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El Gobierno estudiará limitar el tiempo de los contratos
Tras los desencuentros que han
protagonizado en las últimas semanas el Gobierno y el PSOE
ceutí, el portavoz del Ejecutivo recogió ayer el guante que
lanzó el secretario socialista, José Antonio Carracao, al
proponer que se acote el tiempo de los contratos públicos y
que estos no excedan los diez años. Momentos antes de la
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carracao
proponía ante los medios de comunicación que los contratos
no tengan una vigencia de más de diez años para evitar
“pagos indebidos” como denuncian que ha sucedido con Urbaser.
Tras conocer la iniciativa del líder socialista, Martínez
señaló que si Carracao “hace una propuesta constructiva se
analizará como procede” dejando la puerta abierta a la
posibilidad de acotar en el tiempo los próximos contratos
que salgan a licitación.
No obstante, el también consejero de Hacienda y Economía
puntualizó que la ley de contratos vigente en el momento en
el que se adjudicó el contrato de limpieza a Urbaser y la
actual permiten hacer los contratos en función de la
duración que sea oportuna. “Los contratos de los que
hablamos en estos momentos son de diez años”, recordó el
portavoz del Gobierno. Por último, Martínez invitó a los
grupos de la oposición, tanto PSOE como Caballas, a hacer
propuestas “constructivas” para analizarlas y mejorar tanto
los procesos de licitación como el control de los contratos
adjudicados. Una iniciativa que lanzan los socialistas y que
desde el Gobierno, y a su vez el grupo popular, se
comprometen a estudiar para mejora las garantías de todos
los procesos de adjudicación de servicios públicos.
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polémica en
la asamblea
