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El Gobierno ceutí sostiene que pagar un contrato “no quiere
decir que la administración esté convalidando que ese
servicio sea el idóneo, el correcto o el adecuado”. “Esa
rectificación en caso de que hubiera una prestación del
servicio o una contraprestación inadecuada se puede llevar a
cabo, como es el caso actual, en el proceso de liquidación
del contrato”, sostuvo ayer el consejero de Hacienda y
Economía.
El Ejecutivo asegura por un lado, en base a un informe del
tesorero y el interventor de la Ciudad que se ha pagado
142.220 euros de menos a Urbaser en “detracciones realizadas
y no abonadas”, mientras que aún desconoce -aunque tiene
otro informe de un técnico contable sobre el particular- si
lo pagado en amortización de maquinaria está “debidamente
justificado”. Todo ello puede aclararse, afirmaba el
consejero, a la hora de “liquidar” el contrato.
Así, y respecto a lo certificado por la Ciudad y pagado,
aunque no justificado en una cuantía de 12,5 millones por
Urbaser en cuanto a la amortización de maquinaria según el
informe interno, la Ciudad dice que va a dar “traslado” de
este informe a la empresa para que “alegue lo que tenga que
alegar”. Sin embargo, para rechazar, como ayer anunció
Martínez que va a hacer mediante decreto en breve, las
reclamaciones que le hace la empresa por otros conceptos, la
Ciudad sí se basa en sus propios informes.
De este modo, se ha decidido, respecto a la liquidación del
contrato que la Ciudad no va a aceptar ninguna de las
reclamaciones realizadas por Urbaser en cuatro “ámbitos”,
por lo que “probablemente termine en un
contencioso-administrativo o no, pues lo que determine
Urbaser es problema de ellos”, dijo Martínez.
La primera reclamación no aceptada, por valor de más de 3
millones de euros, es por la prestación de “determinados
servicios en los polígonos del Tarajal durante un periodo de
tiempo a lo largo del contrato”. Otras que no procede
abonar, según la Ciudad, son las cantidades reclamadas por
“un incremento de los salarios de los trabajadores como
consecuencia de una modificación en el convenio colectivo”.
La tercera cantidad que el Gobierno cree que no procede
reconocer son “los intereses de demora por el pago tardío de
certificaciones”. “Según el informe que se está ultimado por
parte de los Servicios de Intervención, no coinciden en
absoluto las cantidades que reclama Urbaser con las que
procedería abonar” y será “previsiblemente menos de un
tercio” de lo que pide.
Por último, “en el seguimiento ordinario del contrato, los
controladores del servicio han establecido que determinadas
prestaciones no se habían hecho o se habían prestado de
manera insatisfactoria, por lo que se descontaron de las
correspondientes certificaciones”. “Urbaser alega que esas
detracciones no están bien efectuadas y las reclaman”, algo
que la Ciudad le niega también, según Martínez.
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descuadres en
el contrato de limpieza
