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La Ciudad “no puede ni quiere tener un argumento
distinto” al del informe de uno de sus técnicos, de Gestión
Contable, que refleja un “pago de más” en amortización de
maquinaria de 12,5 millones de euros a Urbaser. Para
confirmar si ha habido “un enriquecimiento injusto, si ha
recibido algo que no debía o que no esté justificado”, el
Gobierno va a esperar a las “alegaciones” que la propia
empresa haga al informe, que le va a “trasladar”.
“El informe del técnico de Gestión Contable cifra ese
presunto descuadre o esa aparente contradicción en doce
millones y pico de euros; nosotros ahora mismo no podemos,
ni queremos tener un argumento distinto al que se establece
en ese informe”. De esta forma eludía ayer el consejero de
Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, cuantificar un
descuadre contable o un pago “de más” en concepto de
amortización de maquinaria a Urbaser denunciado por el PSOE
en base a un informe técnico cuya veracidad el Gobierno
sigue sin negar.
Así, y al mismo tiempo que insistía de nuevo en que no se ha
pagado “un euro de más de lo que estaba en el contrato”,
Martínez anunció, en la rueda de prensa posterior a la
Comisión de Cuentas, que si de las “alegaciones” presentadas
por Urbaser, que tendrá “unos 22 días” para hacerlas, “se
deduce que se ha procedido a alguna cuestión que pueda
derivarse en un enriquecimiento injusto, es decir, que si ha
recibido algo que no debía recibir, o que no esté
debidamente justificado, que no le quepa duda a nadie de que
esta administración le va a pedir hasta el último céntimo
que se le deba reclamar en buen derecho”. “Antes de sacar
una conclusión definitiva” el Gobierno quiere esperar a que
Urbaser “alegue lo que tenga que alegar y que los técnicos
de la Ciudad verifiquen esas alegaciones”.
El Gobierno presentó ayer a los Grupos de Oposición el
anunciado “segundo” informe (que el socialista José Antonio
Carracao calificó de “contrainforme”) encargado por la
Ciudad y firmado por el tesorero, Emilio Lozano, y el
interventor, José María Caminero, las mismas personas
encargadas de certificar y librar los pagos que realiza la
Ciudad.
Este informe no desmiente la conclusión del técnico
contable, quien señalaba un pago “de más en concepto de
amortización” por valor de 12,5 millones, resultante de
restar lo realmente invertido por la empresa en maquinaria
de lo que le fue pagando la Ciudad por este concepto, año a
año, a lo largo de una década.
En el enunciado del informe que firman interventor y
tesorero se explica que este “pretende determinar el
montante global del contrato” y su “comparación con el
importe total de las certificaciones emitidas”. Al hacer esa
cuenta global, a la Ciudad le sale en concepto de
“detracciones realizadas y no abonadas”, la cantidad de
142.220,90 euros en favor de la empresa. Durante su
intervención, Martínez también expuso que Urbaser tuvo
“menos beneficios de lo que su propia oferta y el contrato
reflejan” (del 13,5% frente al 15%).
Incumplimiento
Aunque en un principio, tras dar a conocer el PSOE el
informe interno que registraba el desfase en las
amortizaciones de maquinaria la Ciudad se “defendió”
diciendo que ese dinero se podría haber “detraído” a Urbaser
de otros conceptos como el de Personal, ayer la línea de
argumentación no fue por ese lado. Respecto al concepto de
las amortizaciones (el pago de las inversiones en máquinas),
Martínez explicó algo nuevo, y es que la empresa no ha
cumplido, y al parecer desde la Ciudad tampoco se le exigió,
el cumplimiento del contrato, puesto que una vez amortizados
los vehículos, debería haberlos renovado y no lo hizo. Es
decir, si no se le siguió pagando en concepto de
amortización cuando las máquinas ya estaban amortizadas, sí
se hizo en concepto de una renovación que no se llevó a
cabo.
Martínez explicó que en función de este “presunto
incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas del
contrato del año 1991”, utilizado como “referencia” para su
prórroga por otros diez años en 2001, la Ciudad va a pedir a
Urbaser “aclaraciones en relación con el cambio de
maquinaria que se debería haber producido si se acredita que
las amortizaciones han concluido”. De no acreditarse esta
renovación de materiales una vez amortizados, la Ciudad
“acometerá las actuaciones administrativas que procedan”,
aseguró.
En relación con el informe hecho público por el PSOE
Martínez reiteró que no tiene “por qué” ni le “corresponde”
“refutarlo”. “Será la empresa la que tenga que refutar o no
lo que dice y si no lo justifica llevaremos a cabo la
reclamación pertinente”, para lo cual se dará “traslado” del
mismo a Urbaser.
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“El pago no implica que la prestación haya sido realizada”
Entre los tres informes que el
Gobierno presentó ayer, además del que redactó el técnico
contable sobre “pagos de más en amortizaciones”, hay uno
“jurídico” que según Martínez, “acredita que una de las
principales obligaciones que tiene la administración en un
contrato es el pago del precio establecido”. El técnico de
Administración General Juan M. Verdejo, señala asimismo que
el “abono de los pagos periódicos”, que requiere eso sí, de
certificaciones, “no supone que el órgano de contratación
haya aceptado que la prestación ha sido realizada de
conformidad con las disposiciones legales y con los
documentos contractuales”, es decir, que el pago no lleva
implícito que se haya comprobado que el servicio se ha
prestado bien. Como ejemplo de cómo se ha pagado “lo que
estaba en el contrato”, sin que ello presuponga que se había
cumplido por parte de la empresa, Martínez citó los precios
unitarios de los “baldeos”.
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descuadres en el contrato de limpieza
