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Aunque sigue pensando que la mejor fórmula de gestión es la
de una organismo autónomo, el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, reconoció ayer, tras celebrar una Junta de
Portavoces, que los recursos presentados por varios
funcionarios de la Asamblea de la Ciudad “están muy bien
fundamentos”, y que por lo tanto su Gobierno ha decidido
poner el punto y final al proceso de reestructuración del
sector público empresarial ceutí.
A tal fin, dijo el presidente, se convocará un pleno
extraordinario para revocar los acuerdos que sirvieron para
poner en marcha la reestructuración, que entró en vigor a
primero de enero.
El presidente no tuvo problemas a la hora de reconocer que
se había reunido con los sindicatos para comunicarles la
decisión, que al parecer ya tenía tomada del día anterior,
el lunes, algo que posteriormente repitió con los miembros
de la Junta de Portavoces.
Una reunión que, según ha conocido este periódico, no fue
distendida y en la que salieron a la luz algunos reproches.
Vivas empezó su intervención ante los periodista
manifestando que los técnicos de la casa consultados le
habían trasladado que “los recursos estaban bien
fundamentados y esto quiere decir que las posibilidades que
el recurso prosperara ante un tribunal de justicia, son unas
posibilidades ciertas”.
Sin llegar a reconocer que la Ciudad tendría complicado
defender sus tesis en los tribunales, el presidente dejó
claro que se presentaba “una controversia jurídica de
notable enjundia”.
Para restar crudeza a sus afirmaciones, el presidente agregó
que esto no quiere decir que “los recurrentes lleven razón,
pero tampoco quiero decir que no la lleve”.
Ante esta situación, Vivas alegó que había que reflexionar y
“lo hemos hecho con los representantes de los trabajadores”.
A juicio del presidente, esta reconsideración, no pone en
situación de riesgo la continuidad de las sociedades, los
servicios y el empleo; esa continuidad está garantizada por
la Ciudad y por el Gobierno de la Ciudad”, dijo.
Vivas dejó claro que tras hacer todo lo descrito, “hemos
llegado a la conclusión que asumir un riesgo que implicara
una posible estimación de los recursos en vía jurisdiccional
es uno muy alto”.
Es obvio que Vivas no es partidario de introducir en los
nuevos organismos regionales la “inseguridad” e
“incertidumbre” que durante un tiempo “indeterminado”, el
que tardara en resolverse el asunto, penderían sobre los
servicios y los trabajadores.
Tanto es así que planteó una interrogante, diciendo ¿Qué
pasaría con los servicios y qué pasaría con ese personal,
cuál sería su refugio ante una sociedad que se hubiera
extinguido para entonces?”, ha agregado. “Mirando por los
servicios y por la tranquilidad y seguridad de los
trabajadores, hemos tomado esta decisión con el respaldo de
los sindicatos y a sabiendas de que habrá grupos que puedan
criticar esta decisión”, dijo.
La pregunta que se hizo Vivas fue una de las cuestiones que
este periódico planteó en un artículo en el que se analizaba
la situación que podría sobrevenir en todo este proceso de
reestructuración.
El presidente razonó que en un hipotético caso que los
recursos se estimaran “las consecuencias” de ese hecho
serían indeterminadas. La estimación del recurso, según
Vivas, podría implicar que “los organismos autónomos están
mal configurados o mal constituidos; o que el personal está
indebidamente incorporado”. Estos supuestos se hacen ver en
el recurso presentado por los funcionarios.
El presidente reiteró que para su opinión “están formalmente
mejor bajo el formato de organismo autónomo que el de
sociedad mercantil”. En este sentido, destacar que el
formato se organismo autónomo se regiría por el derecho
administrativo, mientras que las sociedades lo harán por el
privado, “aunque eso no implica que prestándolo en forma de
sociedades mercantiles se está haciendo de manera ilegal”.
Abandonada la idea de transformar las sociedades en
organismos autónomos, el Gobierno prevé una modificación de
sus estatutos para que sus objetivos se ajusten a la
realidad presente. “Es una vía b para tratar de conseguir el
mismo objetivo aun cuando considero que la a era la más
interesante”, aclaró Vivas.
Lamentándose, el presidente manifestó que “se ha intentado;
no ha podido ser”. “Desde el primer momento sabíamos que era
una iniciativa compleja, refiriéndose a la conversión de las
sociedades y empresas municipales en organismos autónomos;
que podían surgir escollos”, y que los obstáculos que han
surgido tienen “la entidad suficiente” para justificar “una
reconsideración del asunto”.
Como ya adelantara este periódico, la utilización de la
fórmula de “absorción sin liquidación” es lo que ha
permitido que las sociedades todavía no han entrado en fase
de liquidación, por lo que rectificar es posible. Pero no
sólo por eso es factible la reconsideración. “Las sociedades
tienen que cumplir con el requisito de equilibrio financiero
y este Gobierno ha trabajado durante mucho tiempo,
especialmente los dos últimos años, para que esto fuera así;
por eso podemos hacer esta reconsideración”, manifestó el
presidente.
Informes
Vivas no quiso desvelar, pese a que preguntado por ello, si
estos nuevos informes han sido elaborados por la secretaria
general y el interventor. Al respecto contestó que han sido
“elaborados por personal cualificado” y que lo han hecho de
una manera verbal, algo que ya publicó este diario.
Vivas se volvió a preguntar si es “aconsejable qué nos
metamos en un pleito que ponga una espada de Damocles sobre
estos servicios y sobre estas personas”.
El presidente agregó que no “nos importa rectificar y cuando
la circunstancias así lo aconsejan, lo hacemos y en esta
caso con la satisfacción de no haber perdido el consenso que
informaba y soportaba la primera decisión”, añadiendo que la
representantes de los trabajadores comparten los argumentos.
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PROCESO DE REESTRUCTURACION
