El portavoz de Caballas, Mohamed Alí, señaló ayer que las
responsabilidades políticas no se pueden supeditar a los
procedimientos judiciales porque no se sabe “lo que van a
durar” y porque “el incumplimiento por parte del Gobierno se
ha producido desde el origen, desde que está el contrato,
desde que se amortizaron los vehículos”.
De hecho, y para ver si “arrancaba” un pronunciamiento
respecto a la falta de renovación de la maquinaria, Alí leyó
el artículo del contrato en el que se señala esta
obligación, “firmado por cierto al dorso por el señor
Vivas”, indicó en referencia al papel jugado por el
presidente. “Ahí está la responsabilidad política del
Gobierno del PP al no velar por el cumplimiento del contrato
y no defender el interés general; le hemos estado pagando a
Urbaser coches averiados, antiquísimos, chatarra a precio de
oro y eso es inadmisible”, criticó.
El representante de Caballas admitió que el Gobierno de
Vivas no es “muy dado a admitir responsabilidades”. “Pero
ceses encubiertos sí he visto” señaló, para poner como
ejemplo el del vicepresidente Pedro Gordillo, con quien “no
se esperó a que se pronunciara la Justicia, en defensa no
del interés general sino partidista, porque les venía como
anillo al dedo”.
“Es inadmisible que nadie supiera dónde estaba el contrato,
un contrato de más de 200 millones de euros ¿y ustedes no
quieren depurar responsabilidades?”, preguntó Alí en tono
airado tras aportar el nuevo dato de que el contrato con
Urbaser estaba “perdido” cuando “debería estar en la mesa,
al lado del teclado del consejero o consejera que lo
llevara”. Alí manifestó no saber “quién era el responsable,
una vez amortizados los camiones, de exigir el cumplimiento
del pliego”, pero agregó, “hay un denominador común, es
cierto que ha podido haber distintos consejeros y
consejeras, directores generales, viceconsejeros, técnicos,
asesores que se hayan encargado de velar por este contrato,
pero que el Gobierno era el mismo, y el presidente también,
eso es indiscutible”.
El portavoz popular, Guillermo Martínez, quien señaló que
había “cuatro controladores” encargados de la verificación
del contrato, aseguró que “una presunción de que se estaba
cumpliendo la teníamos todos”.
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