El Pleno de la Asamblea, por unanimidad, dio luz verde
ayer a la puesta en marcha de una comisión técnica para
tratar la futura externalización de atención a los Menores
Extranjeros No Acompañados. Esta cuestión protagonizó la
discusión de la mañana, ya que hasta el presidente Vivas
tuvo que intervenir después de que el diputado de Caballas,
Juan Luis Aróstegui, tildara de “explotadores” y de
acercarse a la dictadura a los responsables del Ejecutivo
local.
La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda
Bel, fue la encargada de presentar ayer la propuesta
relativa a iniciar el expediente para la modificación de la
forma de gestión del Centro de Atención a los Menores
Extranjeros No Acompañados en la ciudad, además de la
creación de una Comisión Técnica. El Pleno de la Asamblea
por unanimidad dio su voto favorable a la externalización
del servicio y a la puesta en marcha de este grupo de
trabajo.
La gestión del área de Menores por parte de la Ciudad fue
uno de los debates más encendidos que se produjeron en la
mañana de ayer en el Pleno de la Asamblea. Incluso el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, tuvo que intervenir
para rebatir un comentario del diputado de Caballas, Juan
Luis Aróstegui, que acusó al Ejecutivo local de “explotador”
y de acercarse a la dictadura. El de Caballas aseguró que
las externalizaciones de los diferentes servicios que se han
realizado en la ciudad han supuesto la “precarización” de
los puestos de trabajo.
Al margen de este inciso, en su intervención, la consejera
destacó que el objetivo de la externalización es “adecuar el
gasto al número de menores que en cada momento se encuentren
en el centro”. Además, según los informes técnicos, el coste
va a ser “muchísimo menor para la Ciudad” y por otro lado,
recordó que el personal de ‘La Esperanza’ será asignado a
“otras funciones del área de Menores” y se evitarán así las
“sustituciones”. El Ejecutivo local pretende ahorrar un
millón de euros con esta externalización. Bel aseguró que
“no se puede hacer una crítica integral en el área de
menores en los últimos años por parte del Gobierno de la
Ciudad”. Por otro lado, la consejera anunció que otro de los
objetivos es la creación de esta comisión, presidida por la
vicepresidenta primera de la Asamblea, Adela Nieto, que es
la que ostenta las competencias en este área.
En relación a las intervenciones de la oposición, el grupo
Caballas, a través de Juan Luis Aróstegui, destacó que son
“especialmente beligerantes en materia de protección de
menores”. “Es esencial que esta ciudad entienda y asuma la
necesidad de que el tratamiento de los menores se haga desde
una perspectiva de dignidad y por tanto, todo lo que sea
contribuir a cerrar aquellas instalaciones absolutamente
degradantes, no sólo para los propios chavales sino para
nuestro propio prestigio como institución en pleno siglo XXI”,
resaltó.
Para Aróstegui el servicio se va a externalizar porque es
una “consecuencia de estas políticas del Partido Popular que
se están imponiendo a sangre y fuego de una manera
absolutamente irracional e injusta”. “La Ciudad tiene el
servicio de Menores absolutamente desmantelado”, sentenció.
“La desidia”
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio
Carracao, destacó ayer que el traslado de los MENA al
albergue de Hadú es “consecuencia de la desidia” del
Gobierno de la Ciudad en los últimos diez años. “Los menores
han estado una década en hacinamiento”, aseveró y añadió:
“No es para presumir por parte de la Ciudad”. De ahí que el
portavoz socialista solicitara a Bel “un poco de
coherencia”, ya que la situación de estos últimos años no es
para ‘sacar pecho’.
Los socialistas creen que la externalización no va a servir
para “mejorar la calidad del servicio”. Carracao no
consiguió que Bel le especificara cómo se iba a llevar a
cabo el contrato de externalización, ya que ésta le remitió
a la comisión técnica que se va a crear al efecto para el
asunto. “El ahorro real va a ser mínimo aunque es cierto que
no va a haber suplencias”, remarcó el portavoz.
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