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Cinco familias que reciben la
ayuda de alquiler social y que viven en un mismo edificio de
Hadú están al borde de quedarse en la calle por una
sentencia que les obliga a dejar las viviendas que ocupan
desde hace casi tres años. La orden de desalojo estaba
fechada para el pasado miércoles, día 1, aunque todavía no
ha ido por allí la Policía ni los funcionarios del juzgado
para ejecutarla. No obstante, sobre los hombros de estas
familias recae la incertidumbre de cuándo tendrán que dejar
las casas.
El origen del problema surgió hace
varios meses, cuando las familias decidieron dejar de pagar
del alquiler porque el propietario no respondía ante los
graves problemas de humedad que tenían en las casas. Según
explica una de las vecinas, Sora, le habían reclamado en
varias ocasiones que arreglara las goteras sin que hubiera
respuesta. “He estado varios meses con agua cayendo del
techo, teníamos que abrir la puerta con paraguas para no
mojarnos”, lamenta esta mujer en cuya casa se respira la
humedad nada más entrar.
Como medida de presión, todos los
vecinos decidieron dejar de pagar y denunciar al dueño de
las viviendas. Sin embargo, cuando acudieron al juzgado
vieron que había sido el propietario el que les había
denunciado y el pasado miércoles se enteraron de que había
una orden de desalojo fechada para ese mismo día. La abogada
que les lleva el caso les explicó que la Policía acudiría
ayer mismo, pero de momento nadie ha ido a las casas.
Una esperanza truncada
Todos los vecinos del edificio
reciben la ayuda de alquiler social. Antes de ir allí, Sora
cuenta que vivía en una casa de protección de la que se tuvo
que trasladar porque fue derribada. Situación muy similar al
resto de sus vecinos. Además, todos ellos aparecieron en la
lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar que
manejaba Emvicesa y sobre la que ya se habían elaborado los
contratos. Sora precisamente fue avisada por personal de
Emvicesa y hace una semana acudió a las oficinas. “Me
dijeron que el mismo jueves ya íbamos a estar en las casas
nuevas”, afirma esta mujer, con dos hijos a su cargo. Sin
embargo, todas sus esperanzas se vieron truncadas cuando el
Gobierno decidió paralizar el proceso de adjudicación para
iniciar uno nuevo. Ahora no saben que pasará con ellos,
cuando ya se veían en una nueva casa tras casi tres años
soportando unas condiciones infrahumanas.
“Hemos pedido muchas veces que
vinieran de Servicios Sociales a ver las casas y nada”,
lamentan Sora y sus vecinas. Y es que, las viviendas están
en un estado deporable. La humedad echa para atrás a quien
entra en las casas, de mínimas dimensiones. Sora, por
ejemplo, vive con sus dos hijos en un pequeñísimo
apartamento con una habitación, un aseo y una cocina salón
en la que la humedad está presente en todos los rincones.
Las paredes están descorchadas y apenas hay espacio para
moverse. Sus dos hijos, así como ella, sufren alergías y
bronquitis crónica derivada de la humedad. Una situación en
la que se encuentran todos los vecinos.
Los precios de los alquileres en
esta vivienda, casi en ruinas, están entre 450 euros por una
habitación y 550 euros por dos. Este es el caso de Khadija.
Su casa, con dos habitaciones, sólo tiene una ventana. “El
propietario ha sacado de una casa dos, poniendo un tabique
de por medio”. Ni la cocina, ni la habitación de su hijo
tienen ventana y el calor se hace insoportable en verano.
“Cada dos por tres estoy pintando para tapar la humedad”,
cuenta.
Ahora y con un desalojo
pendiendo sobre ellos, estos vecinos piden una alternativa
temporal y esperan poder ser realojados en las viviendas de
Loma Colmenar tras haber aparecido en el listado.
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Vivienda/Personas en
exclusión social
