Entre las interpelaciones presentada por el grupo
parlamentario Caballas, Juan Luis Aróstegui solicitó al
Gobierno de Vivas explicaciones por las razones que llevaron
al Ejecutivo para iniciar un expediente de reconocimiento de
deuda en contra del criterio del interventor, dejando
entrever un presunto halo de corrupción en el seno del
Gobierno local.
Al inicio de su intervención, Aróstegui solicitó la máxima
rigurosidad en la lucha contra la corrupción a la hora de
presentar la interpelación relativa a los distintos aspectos
sobre un expediente para el reconocimiento de deuda por un
contrato de asesoramiento técnico que debería formar parte
del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato de Servicio
Integral de Alumbrado Exterior de la ciudad.
Aróstegui, quien advirtió al Ejecutivo de Vivas que
dependiendo de la respuesta que se diera el asunto podría
finalizar en los juzgados, solicitó explicaciones del por
qué el Gobierno decidió no respalda al interventor y sin
embargo respaldó el expediente enviado al reconocimiento de
deuda, recriminando a Vivas que “por haber defendido los
intereses municipales el interventor está imputado”, tal y
como así adelantó en su edición de ayer EL PUEBLO.
Con un tono firme, Aróstegui instó al Gobierno a depurar
responsabilidades, indicando que de no ser así todo este
asunto acabaría en los juzgados.
Mientras el grupo parlamentario Caballas exponía su
interpelación, en el seno del Gobierno se acogia la
información con caras de sorpresa, a la vez que Aróstegui
insistía en que “el expediente se tiene que esclarecer, y
además existen correos electrónicos que son muy
comprometedores”, y recordó que “los políticos deben
responsabilizarse de su firma”.
El presidente Vivas, antes de otorgar la palabra a la
consejera del área afectada, Susana Román, decidió tomar la
palabra para asegurarle a Aróstegui que sus “amenazas” no le
asustaban ni a él ni al resto de los componentes de su
partido.
Durante su intervención, Vivas aseguró que “la misma
repugnancia que a usted le pueda provocar la falta de
honradez y la corrupción existente, aquí también la
tenemos”.
Después de la exposición realizada desde Caballas y sabiendo
que existen documentos que avalan la denuncia del primer
grupo de la oposición, Vivas aseguró que “el Gobierno
respalda el comportamiento del interventor absolutamente y
el expediente ese se va a clarificar, y hasta el límite que
haga falta”, afirmó con rotundidad el presidente del
Ejecutivo local.
Finalmente, la consejera de Fomento, Susana Román, intervino
para ratificar las palabras de Vivas, y aclarar que “nunca
ha habido un acuerdo en el Consejo de Gobierno”, y que el
expediente se mandó a reconocimiento de deuda para ver si
era o no viable el pago.
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