El Plan de Publicidad de la Ciudad Autónoma no tiene otro
objetivo que servir como base para el contrato
administrativo de “inserción de las campañas de publicidad
institucional en la prensa escrita” que el Gobierno de Vivas
va a adjudicar por procedimiento abierto para un único medio
escrito. Un contrato con una duración de cuatro años y un
importe de 3.058.417,30 euros, como ya publicamos el pasado
22 de abril. Esta conducta por parte del Gobierno de Vivas
solo tiene la motivación de eliminar a uno de los medios de
prensa escrita de la Ciudad, en este caso ‘El Pueblo de
Ceuta’, ya que a través de este medio, amparado por la
Libertad de Información, se ha venido criticando su gestión
durante la última legislatura.
El 14 de febrero de 1996, el Ilustre Pleno de la Asamblea de
la Ciudad de Ceuta acordó por mayoría absoluta “que se
reparta la publicidad de forma EQUITATIVA entre todos los
medios de comunicación existentes en Ceuta”. Y así ha
sucedido desde entonces, incluidos los doce años de Vivas
como presidente. Sin embargo, después de 17 años, con fecha
20 de septiembre de 2012, el consejo de Gobierno de Vivas ha
aprobado por unanimidad, “aprobar el Plan de Publicidad y
Comunicación Institucional de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
Un Plan de Publicidad que no tiene otro objetivo que servir
como base para el contrato administrativo de “inserción de
las campañas de publicidad institucional en la prensa
escrita” que el Gobierno de Vivas va a adjudicar por
procedimiento abierto para un único medio escrito. Un
contrato con una duración de cuatro años y un importe de
3.058.417,30 euros, como ya publicamos el pasado 22 de
abril.
Motivación
Esta conducta por parte del Gobierno de Vivas solo tiene la
motivación de eliminar a uno de los medios de prensa escrita
de la Ciudad, en este caso ‘El Pueblo de Ceuta’, ya que a
través de este medio, amparado por la Libertad de
Información, se ha venido criticando su gestión durante la
última legislatura. Así, la críticas realizadas por el
aniquilamiento del fútbol en Segunda B, las denuncias sobre
los generosos y más que sospechosos pagos al presidente de
la Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo,
Antonio García Gaona, y ahora el “caso Urbaser”, han sido
asuntos que no han gustado a Vivas, que se ha plegado sin
rubor hacia un medio escrito que considera afín, para lo
cual ha tratado de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL
FARO’, basado en un Pliego de Cláusulas Administrativas y
Técnicas y un Plan de Publicidad con multiples infracciones.
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Los técnicos no pueden ser cómplices de una tropelía, de una
conducta vengativa ni de procedimientos turbios
La Mesa de Contratación para la
adjudicación de la Publicidad institucional a un solo medio
escrito es un órgano colegiado, de composición
fundamentalmente técnica, que ha de quedar al margen de
contubernios o maniobras extrañas con fines perversos, ya
que tiene como finalidad garantizar el buen desarrollo del
procedimiento licitatorio con el objetivo de conseguir la
oferta económicamente más ventajosa para la Administración
Pública. No sería de recibo que, por mucho que Juan Vivas y
Rafael Montero quieran “pringar” a los técnicos para
escudarse luego en ellos, éstos no actuaran con rectitud.
Los políticos son muy dados a utilizar a los técnicos para
cumplir sus fines perversos y este asunto que se va a
dirimir no es baladí, porque supone ni más ni menos, que
condenar al paro a una serie de trabajadores que pesarían
sobre muchas conciencias. Los técnicos no pueden ser
cómplices de una tropelía, de una conducta delictiva ni de
procedimientos turbios. Los políticos siempre buscan dar
visos de legalidad a sus “vendettas” intentando la
complicidad de quienes les sirven como coartada para
justificar sus bajezas. Entendemos que los técnicos, en este
caso que nos ocupa, no deben mas que actuar con la rectitud
personal y profesional que se le confiere a una persona que
ha de intervenir para dar legalidad a un asunto
controvertido. La finalidad de la constitución y
funcionalidad de la Mesa de Contratación es, tal y como está
configurada hasta ahora, la de garantizar que la oferta
presentada por los licitadores sea la económicamente más
ventajosa. Que así sea.
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