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ACTUALIDAD - LUNES, 22 DE ABRIL DE 2013


juan vivas. archivo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 

El Gobierno pretende ‘comprar’ el silencio de ‘El Faro’ con un contrato de 3 millones de euros

Las críticas a la gestión del Gobierno durante el último año, no han gustado al presidente Vivas, que no ha dudado en sacar a licitación un concurso de publicidad dirigido al diario Decano, con el objetivo de eliminar a ‘El Pueblo’

CEUTA
El Pueblo

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@elpueblodeceuta.com

La críticas de ‘El Pueblo’ sobre el aniquilamiento del fútbol en Segunda B, las denuncias sobre los generosos y más que sospechosos pagos al presidente de la Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo, Antonio García Gaona, y ahora el “caso Urbaser”, han sido asuntos que no han gustado a Juan Vivas, que se ha plegado sin rubor hacia un medio escrito que considera afín, para lo cual ha tratado de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL FARO’, basado en un Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un Plan de Publicidad con multiples infracciones que este medio publicará próximamente.

El ‘Informe Urbaser’ ha movido los cimientos del Ayuntamiento y se ha desatado un auténtico tsunami informativo con “intoxicaciones” de grueso calibre. Pero también ha puesto sobre la mesa otro asunto no menos escabroso: El contrato administrativo de “inserción de las campañas de publicidad institucional en la prensa escrita” que la Ciudad Autónoma va a adjudicar por procedimiento abierto para un único medio escrito. Un contrato con una duración de cuatro años y un importe 3.058.417,30 euros.

El primero en poner en el debate público la citada licitación fue Juan Luis Aróstegui, el pasado viernes en unas declaraciones en la Cadena Ser, en las que relacionaba la publicación del ‘Informe Urbaser’ por EL PUEBLO con un intento de” asustar, acobardar, a Vivas para que no lleve a efecto en el contrato de publicidad”.

El siguiente en poner el foco informativo en este asunto fue ayer el diario EL FARO con su reportaje “Dios los cría y ellos se juntan” en el que, siguiendo la linea argumental de Aróstegui, tratan de relacionar la publicación del ‘Informe Urbaser’ con la licitación del contrato de publicidad institucional

EL PUEBLO ha mantenido en todo momento la discreción sobre este asunto para evitar que los técnicos de la Ciudad encargados de poner en marcha este proceso de licitación se pudieran ver presionados. Sin embargo, algunos pretenden todo lo contrario. Este diario se ha limitado ejercer su derecho a interponer un recurso especial frente al Pliego de cláusulas Administrativa y Técnicas de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, ya que estima que vulnera varios principios constitucionales.

Y ello a pesar de tener conocimiento que, desde hace un año cuando EL PUEBLO ha sido crítico con actitudes del Gobierno o con decisiones que merecían analizarse desde distintos puntos de vista al enfoque del Ejecutivo, los dirigentes políticos se han posicionado contra este medio. Así, el aniquilamiento del fútbol en Segunda B, las denuncias sobre los generosos y más que sospechosos pagos al presidente de la Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo, Antonio García Gaona, (cuyo “dossier” interesó al propio Tribunal de Cuentas), y ahora el “caso Urbaser”, han sido asuntos que no han gustado a Juan Vivas, que se ha plegado sin rubor hacia un medio escrito que considera afín, para lo cual ha tratado de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL FARO’, basado en un Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un Plan de Publicidad con multiples infracciones que este medio publicará próximamente.

Hay que tener en cuenta que dada la importancia económica que supone la Publicidad Institucional para los medios escritos en la Ciudad Autónoma, la eliminación de estos ingresos supondría la posible desaparición del medio, máxime cuando tu principal competidor, el otro diario, recibiría el Monopolio de los ingresos destinados a la Publicidad Institucional. Esta situación monopolística vulneraría el Derecho a la libre competencia, acrecentado por una duración superior a un año del presente contrato.
 


No dudamos de la profesionalidad de los técnicos pero sí desconfiamos, y mucho, de los comisarios políticos puestos a dedo por el Gobierno

La convocatoria del concurso para la adjudicación de publicidad institucional a un sólo medio escrito no tenía ni que haberse planteado por innecesario, ya que rompe la fórmula que se mantenía desde hace más de 15 años hasta ahora , a no ser que exista una intencionalidad oculta y premeditada. En cualquier caso, el mecanismo no puede ser más dañino, ya que en una ciudad como ésta con la tasa de paro más elevada de toda España, el medio que quedara relegado, se vería obligado a efectuar despidos y ese coste laboral siempre estará en la conciencia de los políticos que adopten la decisión, por mucho que se les ha llenado la boca de impedir la destrucción de empleo estructural. En este caso, se destruye empleo no directo sino directísimo, lo que conlleva la condena al desempleo de unas familias que verían en Juan Vivas al verdadero artífice de sus desventuras y quien les condena a no trabajar. Si se actúa sin conciencia, si la decisión es aumentar las listas del paro, si lo que se persigue es una “vendetta”, los trabajadores no han de ser las víctimas de una fórmula que, indefectiblemente, ocasiona despidos en la empresa periodística que no obtenga el contrato de publicidad institucional cuatrianual. Lo que si reclamamos es que, si se ha de celebrar la adjudicación del contrato, se se haga con todas las garantías legales, ya que si bien no dudamos de la profesionalidad de los técnicos sí desconfiamos, y mucho, de los comisarios políticos, es decir, de aquéllos que están puestos a dedo por el Gobierno, como es el casos del interventor, que se encuentran en la mesa de contratación. Aquéllos, cuyos puestos dependen de la decisión política, sí son un peligro que se cierne sobre la decisión a adoptar, porque querrán ser complacientes con quienes les mantienen en el cargo. Ya que las dudas se han acrecentado después de las declaraciones de Juan Luis Aróstegui el pasado viernes: “La clave de este contrato y de otros muchos es que ha funcionado a base de ‘compadreo’, de que los funcionarios firman, quizá por comodidad, lo que se les pone encima de la mesa”. Y más aun con la palabras del Portavoz del Gobierno y Consejero de Hacienda también el pasado viernes sobre el ‘Caso Urbaser’: “Si existiera connivencia hubieramos podido intentar amañar el concurso”.
 


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