PORTADA DE HOY
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ACTUALIDAD - LUNES, 22
DE ABRIL DE 2013 |
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juan vivas. archivo. |
ADMINISTRACIÓN LOCAL
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El Gobierno pretende ‘comprar’ el
silencio de ‘El Faro’ con un contrato de
3 millones de euros |
Las
críticas a la gestión del Gobierno durante el último
año, no han gustado al presidente Vivas, que no ha
dudado en sacar a licitación un concurso de
publicidad dirigido al diario Decano, con el
objetivo de eliminar a ‘El Pueblo’ |
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CEUTA
El Pueblo
ceuta@elpueblodeceuta.com |
La críticas de ‘El Pueblo’ sobre el aniquilamiento del
fútbol en Segunda B, las denuncias sobre los generosos y más
que sospechosos pagos al presidente de la Federación de
Fútbol y administrador de Viajes Trujillo, Antonio García
Gaona, y ahora el “caso Urbaser”, han sido asuntos que no
han gustado a Juan Vivas, que se ha plegado sin rubor hacia
un medio escrito que considera afín, para lo cual ha tratado
de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL FARO’, basado en un
Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un Plan de
Publicidad con multiples infracciones que este medio
publicará próximamente.
El ‘Informe Urbaser’ ha movido los cimientos del
Ayuntamiento y se ha desatado un auténtico tsunami
informativo con “intoxicaciones” de grueso calibre. Pero
también ha puesto sobre la mesa otro asunto no menos
escabroso: El contrato administrativo de “inserción de las
campañas de publicidad institucional en la prensa escrita”
que la Ciudad Autónoma va a adjudicar por procedimiento
abierto para un único medio escrito. Un contrato con una
duración de cuatro años y un importe 3.058.417,30 euros.
El primero en poner en el debate público la citada
licitación fue Juan Luis Aróstegui, el pasado viernes en
unas declaraciones en la Cadena Ser, en las que relacionaba
la publicación del ‘Informe Urbaser’ por EL PUEBLO con un
intento de” asustar, acobardar, a Vivas para que no lleve a
efecto en el contrato de publicidad”.
El siguiente en poner el foco informativo en este asunto fue
ayer el diario EL FARO con su reportaje “Dios los cría y
ellos se juntan” en el que, siguiendo la linea argumental de
Aróstegui, tratan de relacionar la publicación del ‘Informe
Urbaser’ con la licitación del contrato de publicidad
institucional
EL PUEBLO ha mantenido en todo momento la discreción sobre
este asunto para evitar que los técnicos de la Ciudad
encargados de poner en marcha este proceso de licitación se
pudieran ver presionados. Sin embargo, algunos pretenden
todo lo contrario. Este diario se ha limitado ejercer su
derecho a interponer un recurso especial frente al Pliego de
cláusulas Administrativa y Técnicas de conformidad con la
Ley de Contratos del Sector Público, ya que estima que
vulnera varios principios constitucionales.
Y ello a pesar de tener conocimiento que, desde hace un año
cuando EL PUEBLO ha sido crítico con actitudes del Gobierno
o con decisiones que merecían analizarse desde distintos
puntos de vista al enfoque del Ejecutivo, los dirigentes
políticos se han posicionado contra este medio. Así, el
aniquilamiento del fútbol en Segunda B, las denuncias sobre
los generosos y más que sospechosos pagos al presidente de
la Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo,
Antonio García Gaona, (cuyo “dossier” interesó al propio
Tribunal de Cuentas), y ahora el “caso Urbaser”, han sido
asuntos que no han gustado a Juan Vivas, que se ha plegado
sin rubor hacia un medio escrito que considera afín, para lo
cual ha tratado de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL
FARO’, basado en un Pliego de Cláusulas Administrativas y
Técnicas y un Plan de Publicidad con multiples infracciones
que este medio publicará próximamente.
Hay que tener en cuenta que dada la importancia económica
que supone la Publicidad Institucional para los medios
escritos en la Ciudad Autónoma, la eliminación de estos
ingresos supondría la posible desaparición del medio, máxime
cuando tu principal competidor, el otro diario, recibiría el
Monopolio de los ingresos destinados a la Publicidad
Institucional. Esta situación monopolística vulneraría el
Derecho a la libre competencia, acrecentado por una duración
superior a un año del presente contrato.
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No dudamos de la profesionalidad de los técnicos pero sí
desconfiamos, y mucho, de los comisarios políticos puestos a
dedo por el Gobierno
La convocatoria del concurso para
la adjudicación de publicidad institucional a un sólo medio
escrito no tenía ni que haberse planteado por innecesario,
ya que rompe la fórmula que se mantenía desde hace más de 15
años hasta ahora , a no ser que exista una intencionalidad
oculta y premeditada. En cualquier caso, el mecanismo no
puede ser más dañino, ya que en una ciudad como ésta con la
tasa de paro más elevada de toda España, el medio que
quedara relegado, se vería obligado a efectuar despidos y
ese coste laboral siempre estará en la conciencia de los
políticos que adopten la decisión, por mucho que se les ha
llenado la boca de impedir la destrucción de empleo
estructural. En este caso, se destruye empleo no directo
sino directísimo, lo que conlleva la condena al desempleo de
unas familias que verían en Juan Vivas al verdadero artífice
de sus desventuras y quien les condena a no trabajar. Si se
actúa sin conciencia, si la decisión es aumentar las listas
del paro, si lo que se persigue es una “vendetta”, los
trabajadores no han de ser las víctimas de una fórmula que,
indefectiblemente, ocasiona despidos en la empresa
periodística que no obtenga el contrato de publicidad
institucional cuatrianual. Lo que si reclamamos es que, si
se ha de celebrar la adjudicación del contrato, se se haga
con todas las garantías legales, ya que si bien no dudamos
de la profesionalidad de los técnicos sí desconfiamos, y
mucho, de los comisarios políticos, es decir, de aquéllos
que están puestos a dedo por el Gobierno, como es el casos
del interventor, que se encuentran en la mesa de
contratación. Aquéllos, cuyos puestos dependen de la
decisión política, sí son un peligro que se cierne sobre la
decisión a adoptar, porque querrán ser complacientes con
quienes les mantienen en el cargo. Ya que las dudas se han
acrecentado después de las declaraciones de Juan Luis
Aróstegui el pasado viernes: “La clave de este contrato y de
otros muchos es que ha funcionado a base de ‘compadreo’, de
que los funcionarios firman, quizá por comodidad, lo que se
les pone encima de la mesa”. Y más aun con la palabras del
Portavoz del Gobierno y Consejero de Hacienda también el
pasado viernes sobre el ‘Caso Urbaser’: “Si existiera
connivencia hubieramos podido intentar amañar el concurso”.
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