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El secretario general del PSOE se mostró ayer convencido
de que “muchos de los problemas” de las cuentas municipales
se acabarían si los puestos “clave” del interventor y la
Secretaría General fueran desempeñados, “como dice la ley”
por funcionarios de habilitación nacional, no dependientes
del “criterio” del Gobierno local.
“Estoy convencido de que muchos de los problemas que estamos
teniendo se acabarían en el mismo momento en que las
personas que están al frente de dos puestos significativos
como son la Secretaría General y la Intervención fueran
funcionarios de carrera de habilitación nacional y no
personas dependientes del criterio del Gobierno local”. El
secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, fue ayer
así de contundente al señalar lo que considera uno de los
problemas en la gestión de las cuentas municipales. A su
modo de ver, el caso de los pagos indebidos a Urbaser “es
una consecuencia de la forma en que está organizado este
gobierno”.
A preguntas de los periodistas, el líder del PSOE se
extendió en esta reflexión al hablar de la exigencia de
“responsabilidades” por lo ocurrido. La situación “se
agrava”, dijo, “porque tenemos en dos puestos claves de la
administración, dos personas que dependen de la voluntad del
Gobierno”. “Esto dice mucho y no dice nada, pero es una
realidad objetiva, dependen de la voluntad del Gobierno, y
sería mucho mejor, y todo el mundo coincidirá, que fueran
personas con capacidad e independencia del ejecutivo para
poder ir haciendo todas las aseveraciones, todas las
consideraciones y todas las negativas que creyeran oportunas
en el momento que lo consideraran”. “Esto también es una
situación que agrava, que perjudica, el devenir del
desarrollo económico y de gestión de nuestra ciudad, que
tiene como consecuencia que por ejemplo, nuestra deuda viva
sea el doble de la deuda viva de la Ciudad Autónoma de
Melilla”, opinó Carracao.
A la pregunta de si considera “condicionada” la actuación de
la secretaria general y del interventor por esa dependencia
de la administración local y no de la estatal, Carracao
respondió lo que a su modo de ver había dicho ya “con
claridad”, que “si tenemos dos funcionarios de carrera de
habilitación nacional con independencia respecto al gobierno
es mucho mejor que tener dos personas que tengan de alguna
manera esa rémora de depender del gobierno de la Ciudad
Autónoma”. “Y con esto -reiteró- digo todo y no digo nada,
esto no significa que una persona no sea capaz de
anteponerse al criterio del Gobierno y de anteponer su
pulcritud a la hora de hacer su trabajo a cualquier otra
consideración, pero de lo que no cabe duda, y creo que nadie
será capaz de rebatirlo, es de que en dos puestos tan
significativos como el del interventor y el de la Secretaría
General del Ayuntamiento fueran, como dice la ley,
funcionarios y por lo tanto independientes a cualquier
influencia”.
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El TC llama la atención sobre la situación de ambos puestos
El Tribunal de Cuentas recoge en
su informe correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, en
la línea señalada ayer por el portavoz del Grupo Socialista,
José Antonio Carracao, que los puestos de interventor,
secretario y tesorero de la Ciudad no han sido “desempeñados
por funcionarios con habilitación estatal” algo que según
explicó el líder del PSOE local se recoge ha de ser así por
ley.
El capítulo en el que se recoge esta apreciación del
Tribunal de Cuentas es el que hace referencia a la
“organización general de los servicios y el personal de la
Ciudad”. En este ámbito, el Tribunal destaca además,
respecto a esta organización el hecho de que la Ciudad
Autónoma “carece de una relación de los puestos de trabajo
existentes en su organización”, lo que, además de
“contravenir lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 7/2007
del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye una
importante debilidad en la gestión de recursos humanos”
puesto que no se dispone de un “instrumento técnico adecuado
para la ordenación del personal de acuerdo con las
necesidades de los servicios y los requisitos necesarios
para el desempeño de cada puesto de trabajo”.
Por otra parte, en el periodo fiscalizado por este órgano de
fiscalización se señalaba que “no existían, con carácter
general”, manuales de procedimiento y normas de organización
y funcionamiento de los servicios responsables de la
gestión, tales como “intervención, tesorería, contabilidad o
personal”.
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pagos indebidos EN LA CIUDAD
