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“Si se reconoce, como ha hecho Vivas, la veracidad del
informe, si se reconoce, como ha hecho Vivas, el pago
indebido de amortizaciones a una empresa por más de doce
millones y medio de euros, no me cabe duda de que la
fiscalía va a actuar”. Con estas palabras expresó ayer el
secretario general de los socialistas ceutíes, José Antonio
Carracao, su confianza en la acción de la Justicia respecto
al caso de los pagos indebidos y los descuadres contables en
la relación contractual de la Ciudad con la empresa Urbaser.
Carracao acudió el miércoles a la Fiscalía de Ceuta para
solicitarle que investigue estos hechos y se les de el
trámite procesal que corresponda. “No me cabe duda de que el
fiscal va a investigar estos hechos, porque hay un informe
firmado por un técnico, con su nombre y apellidos, y porque
hay un reconocimiento por parte del presidente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de estos hechos”, insistió el
secretario general del PSOE ceutí.
En la misma línea, y respecto a la responsabilidad del
Gobierno, Carracao dijo no saber si sus miembros son
“conscientes de hacia dónde nos están llevando con su forma
de hacer las cosas”, para insistir en que hay que exigir,
como él exige, “la responsabilidad política, la
responsabilidad de quienes están al frente de los puestos de
máximo nivel en la administración, los encargados de llevar
a cabo el control y fiscalización de las cuentas locales”.
Pero “sobre todo” lo que hay que exigir, en opinión de
Carracao, es que se depuren “las responsabilidades políticas
sobre los encargados de llevar el control, sobre los que han
permitido que a lo largo de diez años hayamos llegado a esta
situación sin que se haya dado cuenta, hasta la fecha,
nadie”.
Carracao recordó que hay “cuatro consecuencias directas” de
su denuncia, la primera “el reconocimiento de un
incumplimiento de contrato por parte de la empresa, que se
comprometió a invertir un dinero e invirtió menos y que con
ese compromiso ganó el contrato”. En segundo lugar está “el
no requerimiento de más de 300 euros en concepto de Ipsi”,
extremo recogido en el informe interno del técnico contable
que “también reconoce el Gobierno”. En tercer lugar, y de lo
que “ya nadie duda”, en palabras de Carracao, es de que hay
12,5 millones de más pagados en concepto de amortización.
Por último, se refirió a la cuestión, señalada en el mismo
informe, de que “no se han recogido fidedignamente en el
presupuesto las consecuencias de este contrato”. “Estas
cuatro cuestiones tiene que responderlas el Gobierno y ser
capaz de explicarlas, y para ver si esto tiene una
consecuencia legal, nosotros hemos ido a la Justicia”.
Carracao insistió en que no le cabe duda de que el fiscal
“al menos se va a ocupar de mirarlo”. “Pero lo que sí ha de
tener de forma inmediata es una consecuencia sobre las
responsabilidades políticas de quienes han permitido estos
hechos”, reiteró.
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pagos indebidos EN LA CIUDAD
