Caballas propuso ayer al Gobierno local que se “reequilibre
la carga tributaria, aliviándola en la medida de lo posible
a las familias con menos recursos”. Una iniciativa que el
Partido Popular estudia con interés y que deja ‘vía libre’
para que el partido localista apruebe la remodelación
fiscal, que no el Plan de Ajuste, si se incluye esta medida.
Caballas, según explicó ayer en rueda de prensa Mohamed Alí,
considera el criterio de “categoría fiscal de las calles” en
las que residen los contribuyentes, una forma “útil” para el
“fin pretendido con carácter general, aún siendo conscientes
de que pueda implicar alguna disfunción o injusticia”.
Así, lo que el partido localista pretende es “bonificar el
recbibo único”, el cual incluye la tasa de basura,
alcantarillado y agua. Alí cree que “atendiendo a un
principio irrenunciable de justicia social, el equilibrio
del sistema exige una reducción significativa de este
concepto a las familias con menos recursos”. Esta reducción,
vía bonificación, debe hacerse según Caballas de “manera
gradual y progresiva”.
Lo que pretende el partido, en connivencia con el Ejecutivo
local, es que estas tasas fijas se abonen dependiendo de las
barriadas en las que se viva. De ahí que se hayan
establecido tres categorías “de calle”: E, D y C. “Se ha
planteado un criterio ya previsto por la normativa
tributaria de la ciudad, que es esta categoría fiscal de las
calles”, comentó Alí. En relación a la letra E, Caballas
defiende una bonificación del 95%; en la categoría E, de un
75% y en la C, del 50%.
Este ‘callejero fiscal’, por ejemplo, recoge en la categoría
C que en calles de barriadas como San José; España; Puertas
del Campo; Otero; Terrones; O´Donnell; Villajovita; Parques
de Ceuta o la Almadraba, las calles pasarían “a tener una
bonificación en el recibo del agua del 50%”. “Esto quiere
decir que las familias de Ceuta que viven en esa zona
pagarían 14 euros menos, comparado con lo que pagaban hasta
ahora”.
En cuanto a la categoría D, Alí explicó que afecta a
barriadas como Juan Carlos I; Benzú; playa Benítez; Príncipe
Alfonso (San Daniel); el Tarajal o el distrito 1 del centro.
Con esta bonificación, del 75%, se pagarían “20 euros
menos”. Afectaría también a la mayoría de las calles de Hadú;
Los Rosales; calles de Terrones y el distrito 2 del centro.
En la categoría E, con bonificación al 95%, las familias
“pagarían en el recibo 30 euros menos”, en el caso, por
ejemplo, de Príncipe Alfonso y Felipe; el Serrallo o Arcos
Quebrados; Cortijo Moreno; la Almadraba o Loma Margarita.
Alí cree que se trata de “establecer un equilibrio del
sistema fiscal”. “Nadie puede discutir que el Príncipe o el
Serrallo padecen todos los problemas que conocemos, de paro
y de infavivienda y demás”, finalizó.
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El partido cree que es un principio de “justicia social”
La propuesta de Caballas está “en
estudio” de cara a la comisión informativa que se va a
celebrar mañana. “Lo que se va a intentar es conseguir un
acuerdo en una materia tan importante como es la reforma
fiscal”. El portavoz del grupo parlamentario, Mohamed Alí,
recordó que en su programa electoral y en los presupuestos
“alternativos” de la ciudad, ya planteaban la “supresión de
las tasas de agua, basura y alcantarillado”. “Ante la
negativa del Gobierno, consideramos que se podía redefinir
la propuesta atendiendo al principio de responsabilidad y de
velar por el interés general”, comentó en rueda de prensa.
“Consideramos fundamental establecer un principio de
equidad, de justicia social, en la normativa tributaria que
tiene la ciudad y que padecen todas las familias”, resaltó
Alí. En definitiva, lo que pretende el partido localista es
que “las economías más humildes y modestas padezcan en menor
medida la carga tributaria”.
Y es que es necesario “plantear la reforma fiscal a nivel
global; si el Gobierno entiende que aliviar un poco la carga
tributaria a las familias más humildes es una prioridad,
como mantiene Caballas, desde nuestra responsabilidad como
principal partido de la oposición entendemos que hay que
redefinir los impuestos para llegar a un acuerdo”. El coste
de esta medida ascendería a 1,4 millones, aunque el
Ejecutivo dio un “margen” de un millón de euros.
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