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El interventor de la Ciudad informó ayer, al comienzo del
pleno extraordinario de aprobación del Plan de Ajuste, el
Plan de Estabilidad y el procedimiento para acortar a 30 y
60 días el pago a los proveedores, que a la lista de 2.047
se han sumado 650 más en el periodo de alegaciones, aún
abierto. Mientras el Gobierno trató de relativizar esta
deuda, de más de 80 millones, para la oposición el plan que
ha sido necesario elaborar para garantizar la devolución del
crédito supone, como señaló Caballas “una intervención” de
las cuentas públicas, y en opinión del PSOE, un “serio
condicionante” en una década.
El Pleno de la Asamblea dio ayer el visto bueno al Plan de
Ajuste para el acceso al crédito de pago a proveedores, con
17 votos a favor del Grupo Popular (estaba ausente el
consejero de Hacienda por cuestiones profesionales), y seis
en contra de la oposición (en las filas socialistas faltó
también por motivos de salud su diputada). La oposición
coincidió en que este plan supone una “hipoteca”, tal como
lo definió el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, o
“va a condicionar seriamente” a la ciudad en la próxima
década, que es su periodo de vigencia.
Por su parte, el Plan de Sostenibilidad y el procedimiento
para agilizar, a 30 días, el pago a los proveedores -ambas
iniciativas del Gobierno local- se aprobaron también con la
mayoría popular y el voto en contra de Caballas. En este
caso, los socialistas se abstuvieron porque, tal como
explicó antes de la sesión el diputado José Antonio Carracao,
entendían que en estos momentos “el PSOE de Ceuta no puede
mandar un mensaje de rechazo a una fórmula de pagos a
quienes llevan años esperando que se les adeude aquellos
servicios que prestaron a la administración local”.
El pleno comenzó con el informe del interventor acerca del
Plan de pago a proveedores, de los cuales, a fecha 15 de
marzo, cuando hubo que remitir la lista al Ministerio de
Hacienda, se presentaron 125 con un total de 2.047 facturas
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 por valor de
79,4 millones de euros.
El portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Guillermo
Martínez, fue el encargado de defender ante el pleno la
propuesta del Plan de Ajuste, de obligado cumplimiento para
la Ciudad, pues su objetivo es garantizar la solvencia de la
entidad local a la hora de devolver, a diez años, el crédito
ICO que se le conceda para pagar a sus proveedores. Al
debate se sumó, con un doble turno de intervenciones, el que
la Ciudad ha denominado Plan de Estabilidad o de
sostenibilidad de las cuentas públicas a diez años,
“voluntario“ y “complementario” del anterior y que, como el
procedimiento para agilizar el pago a lo contratistas, es
una iniciativa del Gobierno local.
En su primera intervención, Martínez alabó el plan del
Gobierno de la Nación, “ambicioso y acertado”, para sanear
la deuda de las administraciones locales y “acabar -en
palabras del consejero- con el círculo vicioso en el que las
administraciones locales o no pagan o pagan mal o tarde, los
proveedores no cobran y las entidades financieras no
participan en el crédito que necesitan”.
El Plan de estabilidad pretende, tal como adelantó el
portavoz en su presentación a los Grupos, el pasado martes,
además de hacer frente al crédito ICO, sanear las cuentas
públicas, de modo que al finalizar su vigencia, en 2022, no
exista deuda alguna, ni financiera ni con proveedores.
El “compromiso” del Gobierno es lograr esto además
“manteniendo los servicios esenciales”, y el empleo
estructural, y generando además superávit para invertirlo.
La afirmación del Gobierno de que no va a subir los
impuestos, sería rebatida en el debate tanto por el portavoz
de Caballas, Juan Luis Aróstegui, como por el del Grupo
socialista, José María Mas, puesto que -tal como hicieron
constar- el plan de ajuste sí contempla, además de las
subidas ya acordadas del IBI y el alcantarillado, un aumento
de otros impuestos, como el de construcción, el de recogida
de basuras. También se crearán dos nuevas tasas, una por
ocupación de terrenos durante las fiestas y otra sobre las
actividades deportivas.
Avances versus “dictadura”
Respecto a la situación de la Ciudad, el consejero aseguró
que “prácticamente toda España” se encuentra con los mismos
problemas, y que incluso hay ayuntamientos en los que la
deuda es “tres y cuatro veces superior” al presupuesto,
mientras que en Ceuta representa un tercio y menos de un 3%
del gasto ejecutado en 11 años de gobierno.
Martínez dedicó buena parte de su primera intervención
precisamente a glosar los avances que, en opinión del
Gobierno, ha experimentado la ciudad durante los mandatos de
Vivas, desde las 24 horas de agua a la clausura del
vertedero de Santa Catalina, pasando por los “4.000 nuevos
puntos de luz” instalados en estos años o la limpieza de sus
calles y el incremento de guarderías.
Aróstegui se refirió a este discurso como “un empeño baldío
de enmascarar la situación del ayuntamiento”, atribuyéndola
a la crisis nacional e internacional. “Esto también lo decía
al dictador”, afirmó en relación a la comparativa de cómo
estaba Ceuta antes de la llegada al gobierno de Vivas.
E portavoz de Caballas aseguró que “hace tres meses la
Ciudad era un modelo de gestión” y que el ejecutivo afirmaba
que las facturas se pagaban “a 35 días”. “Es la mentira
permanente, presentando una realidad falsa, alguna vez habrá
que democratizar esta ciudad”, continuó en el mismo tono el
cabeza visible de la coalición en este pleno extraordinario.
“Dictador es que no respeta la voluntad de los ciudadanos”,
le espetó el portavoz del Gobierno en el inicio de su
réplica.
Uno de los puntos calientes del debate llegó con el
argumento de Aróstegui de que, cuando las facturas están
pendientes de pago, la negociación de nuevos contratos
“comienza ya viciada”, algo que hizo intervenir desde la
otra bancada a Martínez, quien le dijo que esa era “una
peligrosa insinuación”.
En su turno de respuesta, el consejero de Fomento haría
notar a Aróstegui, a modo de ejemplo, que a pesar de que
había facturas pendientes con FCC, eso no condicionó el
hecho de que la adjudicación del nuevo contrato de gestión
de la Planta de RSU correspondiera a otra empresa. Además,
acusó a Aróstegui de que, en le época en la que él fue
concejal, en los años 90, era él el que no pagada la factura
a la empresa de recogida de basuras.
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PLENO EXTRAORDINARIO
