Los
35 subsaharianos se enfrentan a penas de prisión
aunque sólo cuatro de ellos la cumplirían en el caso
de condena al tener antecedentes penales computables
en esta causa
El
fiscal argumenta que la manifestación es un derecho
constitucional, “con limitaciones cuando su uso es
excesivo”, y que se debe evitar “el fin que se
persigue, la expulsión”