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Una vez más, los inmigrantes dieron ayer la espalda a la
Justicia al no asistir al juicio por el que se les imputaba
un delito de desobediencia grave a la autoridad y por el que
la Fiscalía les pide una pena de entre 9 meses y un año de
prisión. A este respecto, y en el caso de que la jueza
dictase una sentencia condenatoria, sólo 4 de los 35
subsaharianos ingresarían en la cárcel al tener antecedentes
penales computables con esta causa. Estos proceden de la
primera detención, en la que tres residentes del CETI
reconocieron haber atentado y desobedecido a la autoridad,
mientras que un cuarto, en julio, ya cometería la misma
desobediencia.
Sus nombres resonaron entre las paredes huecas en la voz del
agente judicial aunque ninguno de los 35 subsaharianos cruzó
ayer la entrada a la sala de la Sección VI de la Audiencia
Provincial, donde fueron requeridos por la magistrada del
Juzgado de lo Penal para responder por el delito de
desobediencia grave que les imputa el Ministerio Fiscal, y
que hunde sus raíces en la segunda concentración de la Plaza
de los Reyes después de que el delegado del Gobierno las
declarase ilegales.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 786 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y con la conformidad mostrada tanto
por la acusación como por la defensa, la jueza acordó la
celebración del juicio en ausencia de los imputados, para
los que el Ministerio Público pide una pena de 9 meses de
prisión, para 31 de los procesados, mientras que para los 4
restantes solicita un año de presidio por tener antecedentes
penales computables con esta causa.
Estos cuatro inmigrantes serían los únicos que podrían
cumplir, en el caso de que la magistrada la dictase, una
condena en la cárcel ya que no se les aplicaría la
condicional porque tres de ellos fueron condenados por
desobediencia y atentado tras la primera detención. Por lo
que incurrirían, además, en un delito de quebrantamiento, ya
que en esta pena del primer juicio sí se les aplicó el
beneficio de la suspensión por la condición de no volver a
delinquir durante el periodo de dos años. Mientras que el
cuarto que sí ingresaría en prisión, también cometió un
delito de desobediencia por el que fue considera culpable el
20 de julio, antes de las concentraciones.
Antes de iniciar el interrogatorio al único testigo citado,
un agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la
jueza dio la palabra a las dos partes para que presentasen
sus alegaciones previas. Momento que las cinco letradas que
conformaron la defensa aprovecharon para introducir como
pruebas dos precedentes en estas manifestaciones de los
inmigrantes: la sentencia absolutoria por la falta de
desobediencia, dictada por la titular de la Instrucción
número 2. Y el auto de sobreseimiento acordado por el
titular del Juzgado de Instrucción número 3, tras la tercera
y última concentración frente a la Delegación del Gobierno.
Ambas resoluciones judiciales sin ser firmes ya que han sido
recurridas por la Fiscalía.
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Un agente de la UPR confiesa “desconocer” la resolución
El único testimonio que se escuchó
en la sala durante el juicio fue el del jefe de la Unidad de
Prevención y Reacción (UPR) que llevó a cabo esta segunda
detención de los 35 subsaharianos. Según el agente del
Cuerpo Nacional, el cometido de los policías era mantener el
orden publico y la seguridad ciudadana, todo ello, en el
marco de actuación conforme a la resolución gubernativa,
cuyo contenido confesó “desconocer” ya que sólo acataba
órdenes “del superior”. Ante las comprometidas preguntas de
la defensa, el testigo manifestó haber informado a los
inmigrantes que la concentración “estaba prohibida”,
habiéndolos avisado “hasta en 3 ocasiones para intentar
disuadirlos”, y reiterando que algunos de los agentes fueron
receptores de “malos gestos y palabras”.
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justicia e inmigracion
