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Los alegatos finales tanto de la acusación como de la
defensa fueron claros y contundentes en sus diversas
manifestaciones, en el juicio celebrado en la Audiencia
Provincial que apuntaba a 35 subsaharianos.
El representante del Ministerio Fiscal en la ciudad usó un
arma de doble filo para solicitar a la jueza que condenase a
los 35 subsaharianos, jugando con los derechos y libertades
que se amparan en la Constitución. Y lo hizo a tenor de
cuatro cuestiones concretas: “el día 6 de septiembre, el
delegado del Gobierno dicta una resolución que prohibe y
considera ilegales las concentraciones. El día 8, se produce
una nueva reunión en la Plaza de los Reyes con determinados
disturbios. Y el día 10, después de quedar en libertad, los
inmigrantes regresan a la plaza. El derecho a manifestarse
es constitucional siendo un deber gubernativo el protegerlo.
Pero un uso excesivo puede ser abusivo y existen
limitaciones en nuestro orden jurídico, tal y como indica la
Ley Orgánica, de 15 de julio, de 1983”, argumentó el fiscal,
que concluyó su intervención recalcando que se debía evitar
el fin perseguido por el colectivo.
“Pretenden que se les expulse al territorio peninsular
donde, al cabo de 60 días, quedan en libertad para acampar a
sus anchas. Y debemos impedir las infracciones de la Ley de
Extranjería”, apuntó la voz del Ministerio Público,
alertando del peligro que suponían para “el orden público y
la salubridad de la zona”, la concentración de los
inmigrantes. No menos potentes fueron los argumentos de las
cinco letradas de la defensa, que unieron sus voces bajo la
portavocía de la decana del Colegio de Abogados, Isabel
Valriberas, que recalcó que el problema de los inmigrantes
no podía ser resuelto “por la vía Penal” cuando correspondía
“al Gobierno ya que entonces deberían ser arrestados cientos
de ciudadanos españoles que deciden manifestarse”.
La defensa, además, constató que las concentraciones no
habían dado lugar a “ninguna denuncia por parte de los
ceutíes” y que esta segunda manifestación frente a la
Delegación “fue pacífica, sin resistencia alguna y sin
acciones violentas”. Por ello, estableció una comparación
con las manifestaciones de los parados de CCOO que durante
meses recorrieron el centro de la ciudad, poniendo además en
tela de juicio, la legalidad de las detenciones practicadas.
“Si los desempleados manifiestan su descontento por las
calles de Ceuta sin ser detenidos, los subsaharianos están
en su derecho legítimo de expresar su contra ante la
legislación española. Y no por el hecho de ser negros y
tener otras costumbres se debe entender que su conducta sea
delictiva”, valoró la defensa.
Durante toda la sesión que, a pesar de no contar con las
declaraciones de los 35 imputados, se prolongó durante casi
dos horas, el Ministerio Público insistió en “la toma de
posesión de una plaza”, por parte del colectivo durante
varias semanas, “en perjuicio de los ciudadanos, los niños y
los mayores que gozan de este espacio público”. Mientras que
las abogadas recalcaron que no se debían mezclar los tres
procedimientos que han llevado a los subsaharianos al
banquillo de los acusados, dejando entrever, que los avisos
y advertencias, tanto de Delegación como de Policía, se
hicieron en español cuando la lengua materna era la lengua
francesa. “Ni siquiera se sabe si entendieron la orden que
se les daba. Ellos, simplemente, estaban allí, sentados o de
pie, un día en el que incluso la resolución gubernativa no
tenía vocación de permanencia ya que fue dictada el día 6 de
septiembre, no el 10, fecha de estos hechos”, reiteró la
letrada para concluir su alegato final.
Tras la intensa sesión de debate, la magistrada dejó el
juicio pendiente para sentencia.
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