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El magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén, Rafael
Morales, cerró las ponencias de las I Jornadas sobre
Violencia Familiar versando sobre el derecho de las víctimas
a no declarar. Durante su intervención, que suscitó un
inteno debate, Morales defendiço la postura de que este
precepto hace que el tribunal se quede huérfano de pruebas
para valorar la culpabilidad o no del acusado y piensa que
este arma de doble filo se podría modificar con una reforma
legislativa ya que las consecuencias de esta negación del
testimonio de la denunciante se traduce en el incremento de
sentencias absolutorias para el acusado sin saber con
exactitud si los hechos se produjeron, o no.
Pregunta.- ¿Qué críticas recibe el artículo 416 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal que alude al derecho de la
víctima a no declarar?
Respuesta.- La reflexión que se hace es que si tratamos de
llegar a la tolerancia cero para erradicar esta lacra social
como sea, el testimonio de la víctima es fundamental debido
a que los malos tratos se producen en la intimidad, en el
domicilio familiar, y es lo único que tenemos para poder
valorar y dictar una sentencia absolutoria o condenatoria,
pero, sobre todo, poder tener un juicio de valor sobre lo
que ha ocurrido. Y el problema es que el tribunal se queda
huérfano de pruebas por lo que se absuelve al acusado en
todos los casos aun habiendo ocurrido realmente.
P.- Esta tolerancia cero, ¿a qué cifras atiende?
R.- A la vista está no ya el número de maltratadas sino,
mucho más grave, el número de mujeres fallecidas cada año,
que no disminuye, o si lo hace, muy lentamente.
P.- Si en otro tipo de delitos los denunciantes se niegan
a declarar aunque es menos común, ¿a qué perfil responden
las víctimas de violencia de género?
R.- La víctima, en los supuestos de malos tratos o violencia
familiar, es especialmente vulnerable por esa clandestinidad
en la que se producen los hechos, por esa dependencia
económica o emocional, el miedo y la coacción ante nuevas
agresiones e incluso el que acaben con su vida. Cuando ellas
se niegan a declarar, nosotros no podemos determinar cuales
son las razones que las mueven, con lo cual, nos lleva a
pensar que esa víctima se encuentra desprotegida y no
podemos llegar a esa tolerancia cero.
P.- A su entender como experto en la materia, ¿cual
podría ser una vía de solución asequible?
R.- O se modifica ese precepto y se adoptan otras medidas
procesales en el ámbito del procedimiento, o ese amparo que
se quiere otorgar se pierde en el camino y se desvanece
cuando llegamos al procedimiento. Son delitos de una
idiosincrasia tan especial, que la víctima aun habiendo
denunciado y luego ratificado su declaración, con el paso
del tiempo se enfría y termina retractándose o negándose a
declarar, produciéndose el ciclo de la violencia.
P.- Este ciclo de la violencia se puede convertir en un
espiral que, en muchos casos, perjudica incluso a la
acusación particular...
R.- Claro porque el argumento de los abogados de la defensa
puede cuestionar la credibilidad del testimonio de una mujer
que ya se ha retractado anteriormente en varias ocasiones,
con lo cual, se trata de desacreditar a la víctima. Al
final, la situación que se produce es el establecer una
válvula de escape que procura la impunidad del agresor y una
sumisión total de la víctima.
P.- ¿Instrumentos para una posible reestructuración de
esta clave?
R.- Algunos abogamos por una reforma legislativa, y los que
no, defienden que la víctima es mayor de edad y no es una
persona incapaz. Los que pretendemos una reforma pensamos
que, en esa situación de vulnerabilidad, hay que proteger a
la víctima porque sino estamos propiciando muchas
situaciones de maltrato. Y lo comprobamos en ese alto número
de sentencias absolutorias dadas por ese derecho a no
declarar, lógicamente, algo está fallando.
P.- ¿En su órgano judicial, ha tenido casos de deducción
de testimonio?
R.- No porque es otro de los problemas que nos planteamos;
el cómo le decimos a una mujer maltratada que no ha
declarado la verdad, después de padecer el infierno que ha
vivido y la situación de penuria a la que ha estado
sometida. Creo que es algo que choca con el concepto de
justicia material que es el fin en el que se apoya el
Derecho Penal.
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El Plan de Modernización y una posible huelga, a debate
”El presupuesto que se dedica a
Justicia no es suficiente y sigue siendo la Cenicienta de
las Administraciones Públicas”, advirtió el magistrado de la
Audiencia Provincial de Jaén, Rafael Morales, coincidiendo
en criterios con la magistrada de la Audiencia de Madrid,
María Tardón. Y es que el recientemente aprobado Plan de
Modernización de la Justicia está dando mucho de qué hablar
ya que sus más de 400 páginas no incluyen como anexo los
presupuestos necesarios para poner en marcha los seis ejes
por los que se guía, entre ellos, las tecnologías y la
coordinación entre todos los órganos judiciales españoles.
“Es como si todos estuviéramos aislados cuando lo único
necesario es una herramienta informática mediante la cual
podamos ver si un acusado tiene antecedentes y es más
peligroso de lo que nosotros pensamos”, especificó Morales.
Una posible convocatoria de huelga para el ocho de octubre
del Poder Judicial, de nuevo amenaza al territorio español,
claro que siempre habrá dos bandos de jueces y magistrados
que crean que las expectativas se han cumplido, o no. “Las
circunstancias para acudir a esa huelga son muy personales;
si no hay una respuesta de los poderes públicos para
solucionar la situación de medios humanos y materiales que
son necesarios para que tengamos una justicia digna, hay que
manifestar de cualquier forma”, apostilló el magistrado.
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I Jornadas sobre violencia familiar
