PP y PSOE sumaron ayer su votos para propiciar la aprobación
inicial de la modificación del artículo 7 de la Ordenanza
Fiscal que regula la Tasa por prestación de servicios y
realización de actuaciones por la Administración en materia
de ordenación de los transportes terrestres por carretera.
La propuesta recibió la abstención de UDCE-IU.
En la defensa de su iniciativa el consejero de Hacienda,
Francisco Márquez, recordó que en 2003 la Unión Europea
dictó una Directiva sobre la cualificación inicial y la
formación continua “de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte de mercancías o de
viajeros por carretera”, estableciendo “una formación
obligatoria para determinados conductores profesionales”.
Dicha Directiva llegó a la legislación española y, como
entidad competente, a la Ciudad Autónoma, a través de un
Real Decreto en 2007 y, tras consensuar su aplicación con el
resto de Autonomías, ayer se procedió a darle uno de sus
últimos pasos “incluyendo en a Ordenanza los nuevos
servicios y sus correspondientes tarifas”, que son de 300
euros para el “trámite de homologación y expedición de
Autorización de Centros de Formación de Conductores” y de
100 para la “homologación de Cursos de Conductores”. La
expedición de tarjetas costará 26,8 euros.
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