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Las empleadas públicas víctimas de la violencia de género
tienen desde ayer, Día Internacional para la eliminación de
la Violencia contra las mujeres, la garantía del derecho a
la movilidad del puesto de trabajo. El Gobierno ha tenido en
cuenta la necesidad urgente de trasladarse de las mujeres
que sufren la violencia en su entorno y facilita, de esta
forma, que puedan incorporarse a su trabajo cuanto antes y
recuperar la normalidad socio-económica.
La medida está prevista en el II Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado
que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes 20 de
noviembre y entró en vigor ayer, tras la firma de la
Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de
Estado y Administraciones Públicas, por la que se establece
el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género. De esta forma, se hace
efectiva la protección y el derecho a la asistencia social
integral de las víctimas de violencia de género que sean
empleadas de la Administración General del Estado.
La resolución se aplica a todas las empleadas públicas, con
independencia de su régimen jurídico, ya sean funcionarias o
laborales.
El ámbito de esta resolución es la Administración General
del Estado, pero también los Organismos, Agencias y
Entidades Públicas adscritos a la misma. Está previsto,
igualmente, que la Administración del Estado colabore
activamente en la protección de empleadas públicas de otras
Administraciones que puedan requerir un traslado por
resultar necesario un cambio geográfico en su lugar de
trabajo que exceda del ámbito territorial o de la
disponibilidad de puestos.
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violencia de genero
