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El juez titular del Juzgado de
Instrucción número 3, Miguel Ángel Cano, suspendió ayer la
declaración de Susana Román para presentar un informe de
abstención en el conocimiento de la causa, informando a las
partes que tanto su mujer como él tienen relación personal
con el ex viceconsejero de Emvicesa, Antonio López.
El procedimiento judicial abierto
por la publicación de la lista a instancias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma podría sufrir variaciones, ya que el
anuncio de inhibición estaría en manos del pronunciamiento
que emitiera al respecto la Audiencia Provincial de Cádiz.
Si fuera en el sentido de aceptar la inhibición del juez, lo
más probable es que el caso pasara al Juzgado de Instrucción
número 1.
Abogado
El abogado, Jorge Gil Pacheco, que
representa a afectados por la publicación de la lista y que
entienden que tienen derecho a una vivienda explicó que en
el transcurso de la declaración de Susana Román se mencionó
el nombre de un funcionario, pero el letrado indicó acto
seguido que le “consta” que hay “más gente”.
De momento, el proceso de
adjudicación de viviendas no está paralizado y se hará
dentro de los cauces reglamentarios, explicó Jorge Gil a los
afectados que se encontraban en las inmediaciones del
Palacio de Justicia. Les advirtió que es “imposible”
sustraerse al procedimiento reglamentario, en los tiempos,
“por mucho que quieran los políticos. Es imposible. Hay
requisitos legales y procedimentales y quizá la entrega de
las viviendas se produzca el año que viene”. “Si hay que
esperar, esperaremos”, espetaban algunos de los afectados.
“Ellos mantienen -indicó el
abogado a los afectados congregados ante el Palacio de
Justicia- que no tienen ustedes ningún tipo de derecho, pero
alguien les ha llamado para firmar los contratos”, indicó.
La denuncia formulada por el
Gobierno local sobre la publicación de las listas no
concreta exactamente qué tipo de delito se estaría
denunciando: “la denuncia es muy liviana, muy suave. No hay
pruebas ni se dicen nombres”. Lo que sí es cierto es que
Susana Román declaró ayer que dio instrucciones expresas al
entonces viceconsejero Antonio López de paralizar cualquier
proceso de adjudicación. Además, explicó Jorge Gil, el
Gobierno “mantiene que no había ningún proceso y que no se
había facilitado información alguna pero cuando se da orden
de suspender algo, es que algo estaba teniendo lugar”,
explicó el abogado de la parte afectada.
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Adjudicación de las
317 VPO de Loma Comenar 
