El magistrado del Juzgado de
Instrucción número 3 de Ceuta que instruye las diligencias
previas por la denuncia de la Ciudad Autónoma en torno a la
publicación de la lista de adjudicatarios de las 317 VPO de
Loma Colmenar, Miguel Ángel Cano, requirió ayer a la
consejera Susana Román para que presente los 317 contratos
que se encontrarían en poder del Gobierno de la Ciudad.
Lo que no quedó claro es dónde se
encuentran los contratos de las viviendas. El abogado, Jorge
Gil Pacheco, que representa a afectados por la publicación
de la lista, apuntaba ayer a que estos podrían estar
custodiados por la actual gerente de Emvicesa, Kissy
Chandiramani, o incluso, como afirmó en su día el portavoz
del Gobierno,
Jacob Hachuel, en el despacho del presidente, Juan Vivas,
junto con las 317 llaves de las viviendas.
Declaración de Román
La ex consejera de Fomento, Susana
Román, declaró ayer por la mañana en el Juzgado de
Instrucción número 3 en calidad de denunciante. En la puerta
de los juzgados se congregaron unas decenas de personas
cuyos nombres figuraban en la lista inicial que publicó EL
PUEBLO y que increparon desde la distancia a la consejera,
que salió del Palacio de Justicia sin querer hacer
manifestaciones.
La declaración fue relativamente
breve ante el titular del juzgado. Román se ratificó en todo
lo expuesto hasta ahora. Dijo que el hecho central que se
denuncia es que el 25 de junio vio que el diario EL PUEBLO
publicó una lista de adjudicatarios, lo que provocó “el
desbarajuste que hay: que hay 317 personas que se creen con
un derecho, pero lo último que hay en Emvicesa es la
comisión de julio de 2014 que señaló una serie de cupos y en
enero de 2015 se celebró un Consejo de Administración para
ver el modo de adjudicar las viviendas”.
Advirtió que “fue Isaac Medina, en
presencia del actual consejero de Fomento, Néstor García,
quien me informó en los términos señalados en el segundo
párrafo del número cuarto de mi denuncia”, en relación a qué
fue Antonio López el que dio la orden de llamar a los
adjudicatarios incluidos de la lista publicada. En este
sentido, afirmó también que no sabe “cómo el viceconsejero
pudiera haber empezado a llamar” a los supuestos
adjudicatarios para firmar los contratos.
En cuanto al número de contratos
-fue instada por el juez para que los presentara- declaró
que “no sabría decir cuántos contratos existen en la
actualidad”, añadiendo que “me avisaron y pude ver que en un
despacho, el de Antonio López, creo, se encontraban las
carpetas”.
Resaltó también en cuanto al
proceso de adjudicación, que se constituyó el Consejo de
Administración y que “ahora se han aprobado unas bases
elaboradas por la nueva comisión de viviendas” y que
anteriormente “no había bases”.
“Ésa lista no sé cómo fue
elaborada. No se de quién pudiera tener conocimiento de cómo
fue elaborada esa lista. No tengo ninguna evidencia, salvo
lo dicho por Medina, que haya sido Antonio López quien
publicó esa lista. ”, declaró.
Román introdujo una
novedad
Sin embargo, la consejera
introdujo un hecho novedoso. Concretamente advirtió que su
relación anterior con él fue “muy difícil” y que “cuando le
dije que no se contaba con él, amenazó, en presencia de la
consejera Rabea Mohamed, con entregar las casas”.
También añadió que no tiene
conocimiento de que haya mediado “tráfico de influencia,
cobros, regalos... para hacerse con las casas”.
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