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El haber modificado la Ley de Extranjería “a través del
procedimiento de enmienda implica también eludir el trámite
obligatorio de someter las iniciativas legislativas del
Gobierno al dictamen de los órganos garantes de la
observancia de nuestro ordenamiento jurídico y hurtar a la
sociedad civil la posibilidad de un debate sobre la materia
regulada”, indican.
Añaden que ”la enmienda hubiera exigido el informe
preceptivo en esta fase prelegislativa de, al menos, el
Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el
Consejo de Estado, que fueron los órganos que en su día
emitieron dictámenes sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana”, que acabó
reformando la ley de extranjería vía enmienda.
En definitiva, en opinión de estos catedráticos , las
expulsiones de inmigrantes que realiza la Guardia Civil en
las vallas de Ceuta y Melilla “no tienen cobertura jurídica”
en la disposición adicional que reforma la ley de
extranjería. “No podemos mirar a otro lado. El trato que
damos a las personas en la frontera sur es la prueba del
nivel de la calidad y de la decencia de nuestra democracia y
de los valores constitucionales en que se asienta” sostienen
en este informe que recuerda que tanto la ONU, el Consejo de
Europa o el Defensor del Pueblo han reiterado su condena a
estas prácticas en las verjas de las dos ciudades autónomas
españolas.
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Inmigración / ‘Devoluciones en caliente’
