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La disposición adicional que reforma la Ley de extranjería
para intentar justificar las expulsiones de inmigrantes que
realiza la Guardia Civil en las vallas de Ceuta y Melilla
“no da cobertura jurídica a estas prácticas”, según un
estudio de prestigiosos juristas de 12 universidades
españolas.
Un total de 15 catedráticos y expertos en Derecho Penal y
Constitucional firman el informe jurídico “Rechazos en
frontera. ¿Fronteras sin derechos?”, que echa por tierra
todos los argumentos del Gobierno en la reciente reforma que
pretende una aplicación excepcional de la Ley de extranjería
en las dos Ciudades Autónomas. Entre los firmantes están
Pablo Pérez Tremp y Elisa Pérez Vera, magistrados eméritos
del Tribunal Constitucional.
“Estas personas no son reducibles a objetos que se pueden
devolver ‘al remitente’ negándoles la palabra. Tratar a
seres humanos como auténticos fardos, negando por principio
la posibilidad de que puedan hacer la más mínima alegación a
las autoridades españolas, una vez son objeto de la
intervención policial y más allá de la concreta ubicación en
que esta se produzca, constituye no sólo una práctica
inmoral sino también antijurídica”, afirman estos juristas
que tiran abajo los argumentos del Ministerio del Interior
para intentar dar amparo a las expulsiones ilegales de
inmigrantes.
La reforma legislativa del Gobierno “no da cobertura
jurídica a las devoluciones sumarias de ciudadanos
extranjeros interceptados cruzando las vallas perimetrales
de Ceuta y Melilla y esta práctica sigue siendo radicalmente
ilegal también a la luz de la nueva regulación y puede dar
lugar a responsabilidades penales y disciplinarias”. Así de
rotundas son algunas de la conclusiones de este
pormenorizado informe jurídico, que derriba las
argumentaciones del ejecutivo para intentar justificar las
llamadas “devoluciones en caliente” de migrantes en las
fronteras de las dos ciudades autónomas.
De hecho, ponen como ejemplo la imputación por prevaricación
del teniente coronel de la Guardia Civil al mando de la
comandancia de Melilla por ordenar esas “devoluciones
sumarias” de inmigrantes, como el caso más claro de las
posibles responsabilidades penales a las que se pueden ver
sometidos los agentes del instituto armado si siguen
realizando estas prácticas” algo que parece probable” según
señala el informe. El documento, de 33 páginas, lo avalan 15
catedráticos y docentes de 12 universidades, entre ellas, la
Complutense, la Carlos III, la Universidad de Granada o la
Pontificia de Salamanca.
Y lanzan también una advertencia tanto a quienes dan las
órdenes de ejecutar las expulsiones ilegales de personas que
tratan de entrar a España a través de las vallas como a los
agentes que las llevan a cabo: “Cierto es que la reiteración
de órdenes y prácticas sin cobertura legal expone a los
agentes de la autoridad a consecuencias jurídicas ante las
que no resulta posible alegar obediencia debida”, es decir,
los agentes de la Guardia Civil que sigan realizando esas
expulsiones sumarias seguirán sometiéndose al riesgo de
enfrentarse a posibles responsabilidades penales. De hecho,
en el caso que se investiga en Melilla la mayoría de los
imputados son agentes rasos.
Estos expertos afirman con rotundidad que es imposible
aplicar el concepto jurídico de rechazo en frontera “al
hacerse mención a la superación de elementos de contención
fronterizos y a que se esté intentando la entrada en España,
impide su aplicación cuando la persona extranjera esté en la
zona de intervallado o haya sido interceptada encaramada en
cualquiera de las vallas, habida cuenta de la realidad
incontrovertida de que las vallas están completamente
ubicadas en territorio nacional y que en tales casos deba
seguir aplicándose, al menos, el procedimiento de
devolución”, advierten.
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Inmigración / ‘Devoluciones en caliente’
