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ACTUALIDAD - VIERNES, 3 DE ABRIL DE 2015

 

Inmigracion/Tragedia del 6 de febrero en el Tarajal

Los socialistas solicitarán el lunes la comparecencia urgente del ministro del Interior para que “dé explicaciones”

CEUTA
El Pueblo

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@elpueblodeceuta.com

El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, anunció ayer que el lunes solicitará la comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la Cámara Baja para que “dé explicaciones” tras la publicación de un informe forense de la Universidad del País Vasco que afirma que 5 de los 15 inmigrantes fallecidos en febrero de 2014 en la playa del Tarajal murieron por el material antidisturbios empleado por agentes de la Guardia Civil.

Trevín acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de proporcionar información “inexacta, por no decir falsa en algunos casos”, cuando compareció en la Cámara Baja para explicar el año pasado la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal.

El diputado socialista consideró “muy grave” que Fernández Díaz diera información “inexacta, por no decir falsa en algunos casos” cuando explicó la actuación de la Guardia Civil en el Congreso.

“Llueve sobre mojado en unas fronteras que están siendo gestionadas caóticamente por el actual Gobierno”, apostilló, antes de comentar que pedirá que el ministro vuelva al Congreso para “saber si se mintió o no al Parlamento y por qué se hizo”.

Trevín señaló que “la tragedia del Tarajal no se ha terminado, sigue abierta” y arremetió contra el Partido Popular porque, según añadió, con los populares “nos movemos entre las devoluciones en caliente y las devoluciones a la brava”, mostrando nuevamente su oposición el nuevo texto legal de la Le de Seguridadque entró en vigor este miércoles y que permite, según se explica en la Ley, “el rechazo” en frontera de los inmigrantes que traten de volentar esta. Al tiempo, denunció “los incumplimientos de la legalidad internacional que un Estado como el español no se puede permitir”. Insistió en que el cambio normativo impulsado por el Gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana “no resuelve el principal problema: el de que se respeten los derechos de los inmigrantes recogidos en la legislación internacional”.
 


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