El Gobierno puso ayer punto y final a la Gerencia de
Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE) aprobando su
disolución en un pleno extraordinario que, aunque
simplemente servía para cumplir con “una formalidad”, dio
paso al debate sobre la gestión de lo populares del área de
urbanismo. Desde el grupo socialista, José Antonio Carracao,
calificó el ya extinto organismo municipal como “un
empecinamiento del Gobierno” que ha llevado a los
funcionarios a adaptarse a un área para, a la vuelta de
cuatro años, volver a sus puestos en la administración.
“Siempre estuvimos en contra de la creación de este
organismo porque iba a producir más burocracia, más lentitud
en la atención a la ciudadanía, más coste, el pago del
alquiler, la deuda con Correos... en definitiva, un desastre
que sólo por el empecinamiento del Gobierno se mantuvo en el
tiempo y ahora lo tenemos que deshacer”, criticó el
socialista.
La consejera de Fomento, Susana Román, defendió que la GIUCE
no ha sido, en ningún caso, “un viaje de ida y vuelta” y que
su creación ha conllevado un ahorro a las arcas públicas de
más de 7,9 millones de euros. “Para el Gobierno el balance
de este organismo ha sido más que positivo tanto el ámbito
profesional como en el económico”, aseguró la popular para
aclarar también que la deuda con Correos por el alquiler de
las oficinas que ocupaba la GIUCE se saldó en su día y que
este gasto no era más que “otro de los alquileres que tenía
la Ciudad”.
Estampida de los trabajadores
Los argumentos de la Ciudad fueron calificados por la
diputada no adscrita, Fatima Hamed, como contradictorios.
“Acaba de hablar de un ahorro de casi ocho millones de euros
y cualquiera que le escuche dirá que si se produce un gran
ahorro por qué motivo es disuelta la GIUCE”, alegó la
diputada ante lo dicho por Román. Asimismo, antes de que la
consejera insistiera en que fueron los trabajadores los que
quisieron cambiar de estructura, Hamed le recordó que cuando
se iba a crear el organismo “lo vendieron como la panacea”
.”Decía que se iban a racionalizar los recursos disponibles
en la Ciudad y el tiempo ha demostrado que no ha sido así,
algo se debió hacer mal para provocar esa estampida de los
trabajadores”, le espetó la diputada no adscrita a Román, a
quien también le quiso recordar la “fracasada”
reorganización del sector público empresarial que, apuntó,
“acabó paralizada por los juzgados”.
Román recriminó entonces a la oposición que les tachen de
“desorganizados” y les acusó de utilizar las críticas de
cara a las elecciones. “Eso no va a afectar al Gobierno, que
no se arruga en decir que creó la GIUCE como un instrumento
útil, pero que ahora si los trabajadores hacen ese mismo
trabajo dentro de la administración y funciona, no nos
importa cambiar”, defendió. No obstante, la consejera
insistió en recordar los ‘logros’ del organismo como el Plan
General de Organización Urbanística (PGOU), la ordenanza de
terrazas o las modificaciones de las licencias de apertura
que “han salido de forma más ágil”.
Mientras, sobre la reestructuración de las empresas
públicas, la consejera matizó que esta no fue parada por los
juzgados sino que el Ejecutivo dio marcha atrás ante los
informes de técnicos que la desaconsejaban. “Este Gobierno
no ha dudado en repensar la cosas, pero ningún juzgado ha
hecho parar la reorganización”, apostilló.
Por su parte, Carracao criticó, en la misma línea de Hamed,
que el Gobierno ensalzara un organismo al mismo tiempo que
aprueba su disolución. “No pueden justificar la disolución
desde las bondades”, recriminó el socialista para añadir que
han sido los trabajadores ”los que han venido a poner orden”
a la situación del área de urbanismo pidiendo salir de la
GIUCE.
En su última intervención, Román insistió en que la causa
por la que se disuelve la GIUCE “está clara” por mucho que
quisiera criticarla la oposición. Asimismo, puntualizó que
el alquiler de Correos si no se había pagado era porque se
le pretendía cobrar a la Ciudad los recibos de luz y agua de
todo el edificio. Por eso, según apuntó la consejera, se
llegó a un juzgado para consensuar el precio. Tras aclarar
este punto, la GIUCE se disolvió con el único apoyo de los
diputados populares.
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