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Más transparencia e igualdad de oportunidades para acceder a
un contrato menor con la administración. Este es el objetivo
que persigue el Gobierno con la modificación de la base
número 19 del Presupuesto de la Ciudad, que ayer se llevó a
pleno en una sesión de urgencia, y que se aprobó con el
apoyo de los populares y los socialistas. La base, que entró
en vigor en enero, establecía que todos los gastos de
suministro, servicio u obras públicas superiores a 500 euros
tendrían que salir a concurso. Sin embargo, ante la
previsión de que esta medida atrajera a empresas de la
península contra las que no pudieran competir las locales, y
la falta de inmediatez que supone respetar los plazos de un
concurso, el Gobierno ha optado por invitar a las empresas
del sector en el que se vaya a hacer la contratación a pujen
por hacerse con el contrato. El tiempo límite para presentar
la oferta será de cinco días y el contrato se adjudicará a
la empresa con la mejor oferta.
Vacío en la normativa
“La base tenía y sigue teniendo la finalidad de regular la
zona desrregulada de la Ley de Contratos para evitar
cualquier abuso, político o administrativo, y también
conseguir una mayor eficacia en la gestión de los recursos
para obtener un ahorro”, defendió el consejero de Hacienda,
Emilio Carreira. Además, explicó que el censo de empresas,
que se elaborará en base al Impuesto de Actividades
Económicas por los técnicos de Intervención, se actualizará
trimestralmente y que el sistema de adjudicaciones se
comprobará de forma mensual o trimestral. Medida que se ha
introduce a propuesta del PSOE.
El responsable de Hacienda insistió también sobre el hecho
de que esta base de ejecución viene a regular los contratos
menores que, hasta ahora, la administración adjudicaba según
su propio criterio.
Sin embargo, desde la bancada de la oposición esta medida no
se entiende tanto como un beneficio sino como una
rectificación del Gobierno “sobre la marcha” y ante la
presión de los empresarios, según apuntaron los grupos. Ante
esto, Carreira reiteró que el Gobierno no pretende
“cargarse” la base sino “darle un último empujón para
mejorarla”. No obstante, el consejero hizo hincapié en que
ser empresario en Ceuta “es muy difícil” como para ponerlos
a competir con multinacionales del otro lado del Estrecho y
reiteró el apoyo del Gobierno a “todos los empresarios” y no
a un sector en particular, cómo así le acusaban desde la
oposición.
El presidente Vivas, que también intervino durante el
debate, aseguró que la medida garantiza “igualdad y
transparencia para que todos los empresarios locales puedan
participar” en los concursos. “Si no es así, estará mal y no
aplicaremos la modificación”, anunció el presidente para
matizar que se dará publicidad suficiente a los concursos, a
través de las organizaciones empresariales y la prensa, para
que los empresarios puedan acceder a ellos en igualdad de
condiciones. Además, Vivas también señaló que la medida no
se adoptado por la presión de los empresarios, sino por los
comentarios de los responsables de los distintos servicios
de la administración.
Por último Carreira reiteró: “La base de ejecución sigue
viva, no se anula, sino que se perfecciona y garantiza algo
en lo que estamos de acuerdo todos como es buscar fórmulas
para apoyar a nuestro tejido empresarial”.
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Pleno Extraordinario
