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Desde el año 2005, llevaba Jesús Sánche Baglietto a la
Ciudad Autónoma, en reiteradas ocasiones, que en la casa que
colindaba con la suya se estaba levantando, de manera
ilegal, una segunda planta.
Al menos en cinco ocasiones se personaron en la calle desde
el departamento de Inspección de Vivienda a tomar
fotografías de cómo iba avanzando la obra, sin detenerla en
ningún momento, ni que ello tuviese consecuencia alguna.
Cuando la obra finalizó, el suelo cedió, lo que provocó
“enormes grietas” en las tres casas colindantes. Por este
motivo, estas tres viviendas se declararon en el año 2010 en
“ruina inminente”, y la Ciudad procedió a demolerlas.
Baglietto ha denunciado los efectos que ha tenido sobre su
casa -una de las tres afectadas- la construcción ilegal en
la vivienda de al lado. Sin embargo, la sentencia -el juicio
se celebró hace un par e meses- no ha salido favorable a él,
por lo que la Ciudad le reclama 4.000 euros por el derrumbe
de su casa, de los cuales ya le han quitado de la nómina
800, pese a tener recurrida la sentencia.
Mientras tanto, al otro vecino afectado, dueño de las otras
dos viviendas, el ejecutivo local le ha dado -según explica
Baglietto- una de las VPO del Hacho. Él reclama que también
se le adjudique una vivienda o, al menos, la parte
proporcional a lo que valía la propiedad que tenía en el
Recinto Sur, antes de que tuviese que ser derruida. “Yo hice
lo que la Ciudad pide, lo denuncié, pero no sirvió de nada,
sólo ganan los que construyen las viviendas ilegales”,
lamenta.
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Justicia/Sentencia Tribunal Supremo de Justicia de
Andalucía
