El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos,
Emilio Carreira, reconoció ayer que el Gobierno tiene sobre
la mesa facturas sin consignación por valor de 4.217.144,66
euros. El por qué de que estas facturas no se preveyeran en
el presupuesto vendría motivado por tres causas que el
consejero especificó. Convenios que iban a revisarse a la
baja y que no se pudieron acoger al Plan de Proveedores y de
los que ahora se reclama el pago; servicios prestados entre
la finalización de un contrato y el inicio del siguiente, en
cuyo caso sí había crédito pero no contrato por el que poder
pagar, según explicó Carreira; y el caso concreto de la
empresa que gestiona la desaladora y cuya partida se
“infradotó”. Esta fue de cuatro millones y así lo señaló
Carreira para aclarar que en ella no se incluyó la
amortización de las instalaciones.
Sin embargo, las explicaciones del consejero no fueron
suficientes para Caballas que, a través de Juan Luis
Aróstegui, interpeló al Gobierno para conocer a cuánto
ascendía la deuda y qué va a hacer el Gobierno para
subsanarla. Así, a continuación, el diputado señaló que al
montante de 4,2 millones había que añadirle las deudas de
las empresas municipales, entre las que destaca Emvicesa con
un millón de euros a pagar en sus cuentas.
“Hay que empezar a depurar responsabilidades”, recriminó
Aróstegui a Carreira para señalar a continuación que la
Ciudad lleva cuatro años pagando la energía eléctrica de la
planta de transferencias cuando, según el pliego de
condiciones de la gestión, debería pagarla Urbaser. ”Estos
son los descontroles del Gobierno”, lamentó el diputado de
Caballas, que echó en cara al Gobierno que “desenfoque la
previsión presupuestaria” para tener que pagar una deuda de
6 millones.
Por su parte, Carreira insistió en que no hay ningún
problema de consignación y que lo que ha ocurrido es que
posteriormente se ha generado por un problema de ingresos.
Además, matizó que las previsiones pueden fallar y recordó
que un presupuesto es “una previsión”. Sobre Urbaser y el
pago de la electricidad, no se manifestó, pero Carreira sí
señaló que si alguien hubiera permitido “un enriquecimiento
ilícito” de la empresa con el contrato de limpieza, se
hubiera impuesto una sanción política, como ocurriría en
otros casos. “De lo contrario, puede que usted no estuviera
aquí sentado”, dejó caer el consejero refiriéndose a
Aróstegui para cerrar el debate.
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