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El secretario general del PSOE ceutí, José Antonio Carracao,
no está dispuesto a dejarse acusar por el Gobierno de haber
llevado el ‘caso Urbaser’ a los tribunales por intereses
privados y ayer salió a la palestra para recordar que este
proceso lo destapó un funcionario con un informe que el
propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas,
calificó de “brillante” y en el que se señalaba que se
habían pagado de más a Urbaser 12,5 millones. El socialista
echó en cara al presidente que adopte una actitud que, para
él, es “victimista” cuando la misma administración reconoce
que ha habido pagos indebidos por un valor, al menos, de
cinco millones.
“No es ninguna quimera, invención o intención de acoso y
derribo del secretario general del PSOE ceutí, el caso
Urbaser es tangible y real, por que este Gobierno ha sido
incapaz de gestionar correctamente los fondos públicos”,
recriminó Carracao. El líder socialista denunció que, ante
esta situación, el Ejecutivo “desde el principio planificó y
puso en marcha, con una vehemencia inusitada, una estrategia
de acoso y derribo a todo aquel que se pronunciara sobre
este caso”. “Concretamente contra el PSOE, quien desde su
responsabilidad y obligación, dio a conocer a los ciudadanos
lo que estaba ocurriendo”, puntualizó en una rueda de prensa
convocada tras conocer las declaraciones de Vivas el pasado
lunes.
Estrategia planeada
Carracao se mostró convencido de que el Gobierno siempre
quiso “que nada se supiera”. Por ello le acuso de imponer la
ley del silencio y de iniciar una campaña de acoso contra
todo el que informó sobre el tema, como EL PUEBLO, cuya
subvención por publicidad se ha visto reducida a 9.000 euros
en todo 2014. Carracao también señaló que, al final, “cuando
el Gobierno no tuvo más remedio que decir que era verdad y
se habían producido esos descuadres a favor de Urbaser, dijo
que no había nada que se le pudiera afear a este Ejecutivo”.
Además, defendió que el partido socialista hizo lo que los
ciudadanos esperan: “Poner en manos de la justicia estos
hechos, para que se investigarán los porqués de los
descuadres”. Eso sí, Carracao, quiso puntualizar que con
este paso, el PSOE buscaba aclarar los hechos y no emprender
una contienda contra el Ejecutivo y, por ello, se mostró
satisfecho de que no se haya apreciado ilícito penal, lo que
para él, es positivo tanto para la credibilidad de la
institución y de los políticos. No obstante, el líder
socialista subrayó que el hecho de que no exista un delito
penal no exime de que sí haya una responsabilidad política
que, advierte, el Gobierno quiere “soslayar”.
“Existe una responsabilidad en la mala gestión de estos
fondos públicos que no se quiere asumir”, lamentó Carracao
para recordar que el ‘caso Urbaser’ seguirá su camino en el
ámbito judicial en el Contencioso-Administrativo. Mientras,
recordó que en la sociedad ya ha calado y que los ciudadanos
“tienen su propia opinión”. Y es que, Carracao quiso
recordar que con cinco millones de euros “se podría haber
hecho mucho”. “Si el señor Vivas lo que espera de mi es que
yo me calle ante esto, que tenga un silencio cómplice con
él, está muy equivocado porque no me va a acogotar a pesar
de salir ahora a decir que todo esto fue una maniobra para
definir la posición que siempre toma cuando algo le va mal,
la de ser la víctima”, advirtió.
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El PSOE expone la mala situación de EL PUEBLO
Carracao, después de que Vivas le
acusara de orquestar una campaña contra el Gobierno junto
con EL PUEBLO, manifestó su preocupación porque este diario
“está sufriendo ya las consecuencias de intentar dar
publicidad a cosas que no vayan en la línea de lo que el
Gobierno quiere que se haga”. “Como consecuencia de esa
estrategia del Gobierno de imponer el silencio, a través de
subvenciones públicas están llevando a una situación
insostenible a este medio y los empleos de sus
trabajadores”, alertó.
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Ciudadanos y barriadas en la misma situación
Carracao está convencido de que
hay ciudadanos que se identifican con su partido y “con
quienes han sufrido las consecuencias de intentar confrontar
con un Gobierno que ejerce su poder como una apisonadora”.
“Estoy convencido de que son muchos los empresarios,
ciudadanos, asociaciones y barriadas que saben cuáles son
las consecuencias de intentar confrontar con este Gobierno”,
afirmó para recordar que los cinco millones de sobrepagos
que se hicieron a Urbaser habrían servido para, entre otras
cosas, poner en marcha tres planes de empleo, construir 45
viviendas de protección oficial o multiplicar por diez las
becas a estudiantes.
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Caso Urbaser/Valoración del psoe
