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El consejero de Hacienda, Economía, Recursos Humanos y
portavoz del Gobierno, Emilio Carreira cambió totalmente el
tono del Gobierno cuando fue interrogado por este diario
acerca de las acusaciones realizadas por el presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, que el lunes, en su valoración sobre el
auto de sobreseimiento provisional del caso Urbaser, culpó a
este periódico y al líder de los socialistas ceutíes de
instrumentar una campaña feroz para desalojarle del cargo.
Ante esto, el portavoz fue interrogado si no era cierto que
todo se inició a partir de la elaboración de un informe, que
posteriormente el secretario del PSOE puso el contenido del
mismo en conocimiento de la Fiscalía, que este órgano
confeccionó un informe que trasladó al juzgado y en el que
decía que podría existir indicios de presuntos delitos y que
el Juzgado, tras la evacuación del informe, fue el que
decidió iniciar las diligencias en aras a aclarar todo lo
sucedido y ordenando a la Policía para que investigase el
caso y si el Gobierno contaba con alguna prueba que
sustentase la acusación y que echase por tierra la tesis de
que lo único que se hizo fue informar
El portavoz reconoció que el presidente había hecho esas
acusaciones, aunque a la hora de responder quiso hacer
algunas matizaciones sobre las preguntas, ya que a su
juicio, algunos de los argumentos no se ajustaban a la
realidad.
Con un tono bastante distinto al de Vivas, Carreira
respondió que algunas de las interrogantes formuladas “unas
son verdad y otras no son tan verdad y, por lo tanto, voy a
precisar algunas cuestiones”.
Carreira reconoció que el técnico de gestión contable hace
un informe, “aunque está desdicho” por otros que se
“acumulan en el expediente que conforma la resolución que se
decreta sobre el fin del contrato de Urbaser. Eso no
significa que ese informe no se tenga en cuenta y sirvió
para mirar con muchísima atención, por si acaso llevaba
razón, el tiempo ha demostrado que no llevaba razón”.
Fue por tanto, la Administración de oficio la que “se pone a
analizar la gestión del contrato y en palabras del técnico
cuando toca”, argumentando que no procedía hacerlo en ese
momento, desmontándose parte de los argumentos “de que aquí
nadie ha vigilado la gestión del contrato. Sea como fuere,
Carreira no negó que fuese el primer informe.
También dijo que los indicios de delito no se apreciaron por
parte de la Fiscalía “por el informe sino por lo que
Carracao decía en su denuncia”.
En este sentido, habría que destacar que Carracao no hace
ninguna denuncia, puesto que lo que hace y así se publicó en
su día por este diario es poner en conocimiento de la
Fiscalía del informe por si del contenido del mismo se
desprendía algún indicio de ilícito penal.
En su argumentario, Carreira también incidió que Carracao no
fue a la comisión de investigación y que lo hizo José María
Mas.
Ante esto, Carreira afirmó que el exceso, refiriéndose a lo
que para Vivas era una campaña de este periódico, estaba “en
dar por buena la opinión de una parte. Y no solo darla por
buena, sino magnificarla, ampliarla y hasta superarla”.
“Todo el mundo tiene derecho a escribir lo que quiera, pero
también tengo derecho, si se meten conmigo, a decir que este
señor no lleva razón Eso no es campaña contra un medio, eso
es legítima defensa”. “Sin pruebas, tantos excesos, se
merecen algún reproche”.
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El silencio de los corderos
He de reconocer que estoy de
acuerdo que la libertad de expresión es un derecho que
tenemos todos los españoles, tanto ciudadanos como
políticos, es por ello que alcanzo a comprender lo que el
portavoz del Gobierno de Ceuta, Emilio Carreira, respondió
ayer a las preguntas formuladas por este diario. Pues claro
que tiene derecho a defender sus argumentos ante cualquier
otra tesis, faltaría más. Eso es una cosa y otra bien
distinta es la actitud del presidente de la Ciudad, que no
es la primera vez que su ego le traiciona y arremete con
agresiones verbales contra todos los que en un momento dado
no se muestran de acuerdo con sus gustos y preferencias. Ya
en una ocasión fue protagonista de un incidente cuando se le
interrogó acerca de Yolanda Bel y el caso Kibesan. El
argumento, el mismo de ayer. Alza el dedo acusador, busca a
un culpable del asunto, para ipso facto hablar de campaña
malévola, grupos de no sé que y bla, bla, bla. Y se habla de
no respetar la presunción de inocencia. Pues bien, con un
simple repaso a las hemerotecas de este país se comprobará
que la clase política es la que más ha utilizado el término
imputado o imputada como arma arrojadiza, condenando a las
personas a una pena de banquillo sin que la Justicia haya
actuado. Este periódico ha intentado en muchas ocasiones
recabar información de los consejeros y consejeras, la
respuesta: el silencio de los corderos.
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Caso Urbaser/Valoración del Gobierno de
la Ciudad
