Madre coraje. Esta es la primera impresión que uno tiene
cuando habla con Deborah y conoce su historia. Ayer esta
mujer fue hasta el pleno de la Asamblea para pedir que no se
le corte el servicio de agua, que le iban a retirar ayer, y
que se le permita pagarlo. Ahora, al estar en una casa como
‘okupa’ se le exige un contrato de alquiler para darla de
alta en el padrón, y el padrón para tener agua. Sin embargo,
no ha podido contactar con el dueño de la vivienda para
poder hacer un contrato y tampoco tiene trabajo para irse a
otra vivienda.
A sus 24 años, esta mujer saca adelante a sus dos hijas con
los 360 euros que recibe de la ayuda del Ingreso Mínimo de
Inserción Social (IMIS). Las tres viven en una casa casi en
ruinas, que se encontraba abandonada y que ocuparon hace ya
seis meses. El marido de Deborah, marroquí y sin residencia
española a pesar de estar casados, sólo puede estar con
ellas de día, para de noche tener que cruzar a Marruecos. Lo
único que pide esta joven es una oportunidad: poder trabajar
para tener una vida digna.
Los problemas de esta joven comenzaron hace aproximadamente
año y medio. Ella y su marido trabajaban, aunque sin
contrato, pero tenían para comer. “No me preocupaba por más,
porque al menos teníamos para comer y pagar el alquiler”.
Sin embargo, los dos se quedaron sin empleo y tuvieron que
dejar la casa en la que vivían de alquiler en el Sarchal
para mudarse en abril al Recinto, donde pagaban menos. Pero
la situación no se mantuvo mucho tiempo. El trabajo seguía
sin llegar y no tenían con que pagar el alquiler. Unos meses
después tuvieron que dejar el piso y se trasladaron hasta
Marruecos. Allí lograron alquilar una casa por 70 euros,
pero cuando la hija mayor de Deborah comenzó las clases, se
veía obligada a salir de su vivienda a las seis de la mañana
para llevarla al colegio. Durante las horas de clase,
Deborah se quedaba en la calle, con su hija pequeña, de
apenas cinco meses, a cuestas. Fue entonces cuando la joven
vio que la casa de la calle Canalejas, donde ahora está, se
encontraba abandonada y decidió entrar en ella. “No podía
cruzar la frontera a diario con una niña de meses, para
quedarme durante horas deambulando por las calles”, recuerda
amargamente esta joven, de origen malagueño. El 19 de
septiembre, Deborah entró en la vivienda y, según cuenta,
desde entonces ha intentado contactar con el propietario
para poder pagar un alquiler, a pesar de que las condiciones
en las que vive son infrahumanas. Aunque Deborah ha
conseguido transformar unas ruinas en su pequeño hogar, tras
las cortinas, los muebles o en los techos se ven boquetes en
todos lados. La humedad ya ha afectado a las dos pequeñas,
la casa no tiene enchufes y la luz es la de unas bombillas.
Carecen de agua caliente y esta joven tiene que fregar donde
después baña a sus hijas. “Me paso el día limpiando, pero
hay cosas que no se pueden ir por mucho que limpie”,
lamenta.
Deborah ha acudido a las empresas de la luz y el agua para
dar de alta el servicio de forma legal y poder pagarlo. “Yo
quiero pagar, no robar nada”, le recordó ayer al presidente
Vivas, cuando interrumpió el pleno para demandar una
solución. Hace unas semanas, desde la consejería de Susana
Román le hicieron la instalación del servicio del agua.
Deborah denuncia que fue para “callarle la boca” porque ese
día llegaba el ministro y que ahora le piden lo que entonces
no le exigieron: un contrato de alquiler. “Me han dado un
caramelo para ahora quitármelo”, dice agriamente. No
obstante, tras su intervención en el pleno, desde la Ciudad
se han comprometido a darle una solución que termine con la
peregrinación que la ha llevado al ayuntamiento a diario
durante cuatro semanas.
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