|
La sesión plenaria de celebrada ayer fue lo más parecido al
camarote de los hermanos Marx. Con un Juan Vivas que se vio
en un brete y metido en lo que él denominó como “un lío”
cuando Juan Luis Aróstegui sacó los colores al Gobierno, que
llevaba a Pleno extraordinario una propuesta de la consejera
de Fomento, sustituta del consejero de Hacienda, Economía y
recursos Humanos, relativa a la aprobación definitiva de la
modificación de crédito del Presupuesto General de la Ciudad
correspondiente a este año.
Fundamentaba su discurso Susana Román en “la consecuencia de
los acuerdos de esta Asamblea en la reconsideración del
proceso en curso del sector público empresarial”. Román hizo
historia del acuerdo de 21 de enero de suspensión de los
acuerdos plenarios de 3 de diciembre de 2013 sobre el sector
público empresarial, lo que hacía obligado el expediente de
modificación de crédito con carácter extraordinario para
dotar de presupuesto a las sociedades después de la
denominada “marcha atrás”.
Susana Román se refirió a dos enmiendas que traía a Pleno:
disolución de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE)
y como hay trabajadores que han vuelto en bloque al
Ayuntamiento y otros a Acemsa y Servicios Turísticos, dotar
presupuestariamente a los mismos, mediante transferencias.
En cuanto a las alegaciones sobre el Instituto Ceutí de
Deportes (ICD), era por error en las cifras, sin repercusión
formal en el Presupuesto.
Pero en ese momento intervino Juan Luis Aróstegui, diputado
de Caballas para indicar que, a lo que habría de ser “un
acto de mero trámite como consecuencia de una decisión de
Pleno, de manera poco comprensiva, el Gobierno añade cosas
nuevas y distintas a las que dan origen al acuerdo plenario,
como es la disolución de la GIUCE que presenta dudas, que no
está disuelta ni lo va a estar hoy, se inicia el camino de
la disolución pero sigue existiendo sin contenido
presupuestario”.
Al quedar “huérfana de consignación -como señaló Aróstegui-,
el diputado de Caballas entendía que “es reflejo del caos
del Gobierno, decisiones atropelladas, que se superponen
unas a otras, ya que ésta es una decisión independiente, no
vinculada al acuerdo de reestructuración de las empresas
municipales”. Y destapó la caja de los truenos: el pago de
las nóminas sin consignación presupuestaria para los
empleados públicos que prestaban allí sus servicios, en la
GIUCE y la adjudicación de la obra de la Marina, sin
consignación, podrían acarrear serios problemas, con la
disolución de la sociedad. “La GIUCE sigue sin disolverse
-dijo Aróstegui, y ustedes se están metiendo en un lío”.
Además Aróstegui se refirió a “esa maldita caja sin
consignación presupuestaria que ya está otra vez repleta”. Y
afirmó que “otra vez, las facturas se encuentran en los
cajones”, cuando el Gobierno asumió el compromiso de “nunca
más”, cuando se reconocieron errores y ahora vuelve a pasar
lo mismo, esto es un mandato legal -dijo Aróstegui-, y son
actos nulos de pleno derecho los que comprometen sin
consignación presupuestaria y, encima, no piden
responsabilidades a los causantes y siguen creando problemas
en la gestión presupuestaria”.
Juan Vivas respondió a Aróstegui: “Dice cuestiones que no
demuestra” para indicar que “en este proceso de
reestructuración no se ve afectada pero sí indirectamente.
La GIUCE se ha quedado sin personal y no por decisión de
este Gobierno ¿Es racional mantener una estructura sin
personal? -preguntó Vivas-. Lo razonable es que no exista
dentro del organigrama y se quiere aprovechar la economía
procesal porque todavía hay algunos derechos de cobro de
nóminas. Es cierto que quisiera que no se organizara ningún
inconveniente de cobro de nóminas. Habrá que preguntar al
señor Interventor sobre esta cuestión”.
Después, al preguntar al Interventor sobre la legalidad o no
del procedimiento que se traía a Pleno, Juan Vivas dijo:
“Aquí estamos para cumplir la ley y riesgos no vamos a
correr”. Añadió que “decir que es o no ortodoxo no me vale”.
“Si tenemos que contratar la obra de la Marina y disolver
después la GIUCE, lo hacemos. Esto sería resolver un
incidente por el cauce legal. Como la GIUCE tramita una obra
importante, ¿corre peligro la seguridad jurídica de esta
obra sin adjudicar si se disuelve la GIUCE?”, preguntó Juan
Vivas al Interventor.”¿Es ortodoxo?”, insistió.
En ese momento Susana Román se erigió en “elemento
distorsionador” de este conflicto, “porque lo que estamos
modificando es la capacidad de la adjudicación de la Marina
que sigue viva, no hay limbo jurídico. Desde este momento
empieza la liquidación inicial, la finalización del capítulo
6º que pasa a la Ciudad sigue viva”.
Juan Vivas intervino de nuevo para decir que “el objetivo
político está determinado y no nos vamos a mover. Tenemos
que seguir un cauce legal que no suscite dudas, no vayamos a
tener una impugnación por una adjudicación de un organismo
que está en fase de disolución; aquí hay dos problemas: las
nóminas del personal que pasa al Ayuntamiento y la obra de
la Marina que, acabado el proceso pasa el derecho y
obligaciones al Ayuntamiento y en ese momento se produce la
disolución. ¿Le parece ortodoxo? -preguntó al Interventor.-
Pues ese es el camino para evitar polémicas innecesarias”.
Ante el “lío” formado, hubo un receso de media hora, tras el
que se adoptó el siguiente acuerdo: “el crédito sigue
figurando en la GIUCE hasta que adjudique las obras de la
Marina y las contrate y transfiera todos sus bienes a la
Ciudad y se simultanee este expediente de modificación de
crédito para el patrimonio de la GIUCE con la Ciudad con el
expediente de disolución de la GIUCE. Como resulta que ambos
han de tener un período de información pública, pues que se
ha ga coincidir ambos períodos de información pública para
que el pronunciamiento definitivo del Pleno sea simultáneo,
en torno a la disolución de la GIUCE y en torno a las
transferencias de crédito.
En cuanto al capítulo 1 (de personal), en palabras de Juan
Vivas, el acuerdo adoptado en Pleno sí recogió que “se debe
dar cumplimiento a la transferencia de crédito que se
contempla en el expediente porque, aunque de alguna manera
los créditos del capítulo 1 están vinculados, lo están por
áreas, es decir, por Consejerías; por tanto, ahí no hay
flexibilidad como si estuviéramos hablando del capítulo 1º
en su conjunto. “En cualquier caso –dijo Vivas., esto no
perturba nada porque los créditos de la GIUCE seguirían
contemplando el personal que todavía está en la GIUCE y
seguirían contemplando lo que la GIUCE ha gastado hasta este
momento en el capítulo 1 en 2014”.
|
Sesion plenaria extraordinaria
