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CCOO considera imprescindible, tras la comparecencia del
Ministro del Interior en el Parlamento, que la Fiscalía
General del Estado abra de manera inmediata una
investigación oficial, dada la gravedad de los hechos y lo
trágico de su resultado, máxime cuando aún se desconoce la
verdad y la magnitud de lo sucedido. Dicha investigación
debería hacer especial hincapié en averiguar de quién partió
la orden de utilizar material agresivo contra personas que
se hallaban en una situación de riesgo evidente en aguas
territoriales españolas, y si cabe extraer consecuencias
jurídico penales por un presunto delito de imprudencia con
resultado de muerte.
Para CCOO, resulta inaceptable en un sistema democrático que
las supuestas “explicaciones” institucionales ofrecidas por
el Ministro de Interior sobre tamaña catástrofe incurran en
contradicciones con las versiones oficiales anteriores, sin
que la ciudadanía española pueda conocer la verdad de los
hechos que se cobraron – hemos de recordar- al menos 15
vidas de personas que sólo buscaban un porvenir viable.
“Entendemos necesario que, por parte de la Fiscalía General
del Estado, se abra de manera inmediata una investigación
oficial, dada la gravedad de los hechos y lo trágico de su
resultado, máxime cuando aún se desconoce la verdad de
sucedido y su total magnitud: dicha investigación debería
hacer especial hincapié en de quién partió la orden de
utilizar material agresivo (botes de humo, cartuchos de
fogueo, pelotas de goma…) contra personas que se hallaban en
una situación de riesgo evidente en aguas territoriales
españolas, y si cabe extraer consecuencias jurídico penales
por un presunto delito de imprudencia con resultado de
muerte.
La encomiable labor que desarrollan los agentes de la
Guardia Civil en la protección y asistencia a inmigrantes
irregulares en situaciones de riesgo (véase la labor del
SIVE, las operaciones de salvamento, la asistencia a
náufragos, etc.) no puede verse empañada por esta tragedia,
en la cual las órdenes políticas antepusieron un erróneo
concepto de seguridad - con una miope visión estrictamente
policial – en lugar de valorar lo que realmente era: una
situación de emergencia humanitaria con seres humanos en
situación de riesgo.
Además, en opinión de CCOO resulta inaceptable que las
autoridades implicadas - la propia Guardia Civil, la
Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior – hayan
faltado a la verdad ante una tragedia de semejante magnitud,
negando las evidencias inmediatamente reflejadas por
víctimas y testigos.
CCOO denuncia asimismo el incumplimiento palmario de la ley
de extranjería y de la normativa de desarrollo por parte de
las autoridades españolas. De las propias declaraciones del
ministro se confirma la entrega a las autoridades marroquíes
de personas que ya se hallaban en España. Con ello se
confirma la práctica de las llamadas “expulsiones en
caliente”, esto es, la entrega automática a la policía
marroquí de las personas que ya han entrado en territorio
español de manera irregular.
Dicha actuación más allá de ser una irregularidad
administrativa podría incurrir en un supuesto penal de
prevaricación, toda vez que el mandato legal establece que
con aquellas personas que hayan pretendido entrar
ilegalmente en territorio español se debe iniciar un
procedimiento – tasado administrativa y reglamentariamente-
de devolución con las debidas garantías y no una mera
“patada al otro lado” como se está produciendo, nos tememos
que de manera rutinaria.
Por último, CCOO reitera la necesidad de enfocar las
cuestiones derivadas de la inmigración desde una perspectiva
humanitaria y social, sin obviar las adecuadas y
proporcionadas medidas de seguridad, pero descartando
intervenciones exclusivamente policiales ante seres humanos
que lo único que buscan es poder vivir con unas mínimas
condiciones de dignidad.
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Inmigración irregular 
