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El delegado de la Administración General del Estado,
Francisco Antonio González Pérez, evitó ayer hacer ningún
tipo de valoración sobre la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Ceuta y que
reconoce el derecho de un solicitante de asilo, originario
de Malí, a circular libremente por todo el territorio
español, advirtiendo a la Administración que no es posible
realizar interpretaciones restrictivas de los derechos
fundamentales.
En este sentido, según aseguraron fuentes de la Delegación
del Gobierno, el máximo responsable de la misma ha encargado
la confección de un informe a los servicios jurídicos para
conocer, en detalle, el contenido de la mencionada
sentencia.
Las citadas fuentes aclararon que González Pérez ya tenía
conocimiento de la sentencia, aunque prefería tener en su
poder el informe para poder realizar un pronunciamiento
adecuado.
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