No es la primera vez que esta situación es condenada por los
tribunales, reiteradas son las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y por instituciones
nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo,
ACNUR y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
Racismo, Xenofobia, Discriminación e Intolerancia[2]. Pese a
estos pronunciamientos, el Gobierno español ha persistido en
mantener la prohibición de acceso a la península, aclara
CEAR
A la prohibición de viajar a la península se suma el férreo
control fronterizo. La valla de separación, la vigilancia
perimetral en la zona y el control de las fronteras con la
colaboración de Marruecos y Argelia, dificultan cada vez más
la llegada de personas necesitadas de protección
internacional a territorio español y, con ello, la
posibilidad de solicitar protección en un lugar seguro.
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