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Otro de los hechos de especial relevancia es que la
situación de insolvencia de la CAM, que forzó su
intervención por el Banco de España, no fue detectada por
KPMG, que firmó sus cuentas sin salvedades, al igual que ha
hecho siempre desde 1991. Esta firma cobró 1,34 millones de
euros de la entidad alicantina, según su informe de gobierno
corporativo.
La actuación de KPMG contrasta con la de los auditores de
CCM y CajaSur, que tuvieron un papel relevante en las
intervenciones de ambas entidades. Así, a principios de
2009, Ernst & Young se negó a firmar las cuentas de la
entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó
correspondientes a 2008, a pesar de sufrir enormes presiones
para que lo hiciera. Esta negativa fue el detonante de la
primera intervención de una entidad en la crisis actual.
En el caso de CajaSur, Deloitte introdujo una salvedad sobre
las cuentas de 2009 en la que consideraba necesarias
“medidas estructurales” y “de búsqueda y captación de
instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia,
entre otros aspectos”.
Sin embargo, KPMG firmó sin ninguna salvedad las cuentas
individuales de CAM en el ejercicio 2010, que tuvo que
reformular tras la ruptura del Banco Base. Únicamente
incluyó lo que se conoce como párrafo de énfasis, en el que
señalaba que las cifras del balance no eran comparables con
las de 2009 por la nueva valoración de los activos y pasivos
realizada con vistas a la fusión. La intervención del Banco
de España certifica lo erróneo del diagnóstico de KPMG.
Esta firma llevaba auditando las cuentas de CAM veinte años,
algo que es habitual en muchas cajas, que son cotos cerrados
de sus respectivas auditoras. Y también es muy frecuente que
la caja le encargue trabajos de consultoría a dicha
auditora, a pesar del evidente conflicto de interés.
En el caso de la entidad alicantina, la empresa KPMG facturó
507.000 euros por trabajos distintos de la auditoría, según
el informe de gobierno corporativo de 2010. Esta cifra
supone el 37,8% del total pagado por CAM a esta firma en
2011, lo que eleva el total a 1,34 millones de euros.
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'caso urbaser'
