ACTUALIDAD - LUNES, 13 DE MAYO DE 2013

CEUTA
El Pueblo
ceuta@elpueblodeceuta.com

La Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato administrativo de “inserción de las campañas de publicidad institucional en la prensa escrita”, ha sido convocado de nuevo para hoy lunes tras quedar suspendida el pasado miércoles debido a que no había sido resuelto el recurso interpuesto.

Tras quedar suspendida debido a que previamente, no había sido resuelto el recurso interpuesto por CEALFE S.L, empresa editora de ‘El Pueblo’, la Consejería de Economía y Hacienda ha convocado de nuevo en el día hoy, la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato administrativo de “inserción de las campañas de publicidad institucional en la prensa escrita” que el Gobierno de Vivas va a adjudicar por procedimiento abierto para un único medio escrito. Un contrato con una duración de cuatro años y un importe de 3.058.417,30 euros, como ya avanzó este medio en pasadas semanas.

Concurso a medida

Esta conducta por parte del Gobierno de Vivas solo tiene la motivación de eliminar a uno de los medios de prensa escrita de la Ciudad, en este caso ‘El Pueblo de Ceuta’, ya que a través de este medio, amparado por la Libertad de Información, se ha venido criticando su gestión durante la última legislatura. Así, la críticas realizadas por el aniquilamiento del fútbol en Segunda B, las denuncias sobre los generosos y más que sospechosos pagos al presidente de la Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo, Antonio García Gaona, y ahora el “caso Urbaser”, han sido asuntos que no han gustado a Vivas, que se ha plegado sin rubor hacia un medio escrito que considera afín, para lo cual ha tratado de hacer un ‘concurso a medida’ para ‘EL FARO’. Para ello, ha intentado poner trabas a lo largo del pliego, para debilitar la participación de cierta pluralidad de licitadores e imposibilitar en la medida de lo posible la concurrencia de ‘El PUEBLO’.

En resumen, lo que el Gobierno de Vivas pretende es impedir que las prescripciones técnicas permitan el acceso en condiciones de igualdad del ‘EL PUEBLO’, provocando que éstas tengan por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia.
 

Rectitud personal y profesional

La Mesa de Contratación es un órgano colegiado, de composición fundamentalmente técnica, que no puede ser cómplice de una tropelía, de una conducta delictiva ni de procedimientos turbios. Los políticos siempre buscan dar visos de legalidad a sus “vendettas” intentando la complicidad de quienes les sirven como coartada para justificar sus bajezas. Entendemos que los técnicos, en este caso que nos ocupa, no deben mas que actuar con la rectitud personal y profesional que se le confiere a una persona que ha de intervenir para dar legalidad a un asunto controvertido. Nadie duda de la profesionalidad de los técnicos pero sí desconfiamos, y mucho, de los comisarios políticos puestos a dedo por el Gobierno. Dudas que se han acrecentado después de las recientes declaraciones de Juan Luis Aróstegui: “La clave de este contrato y de otros muchos es que ha funcionado a base de ‘compadreo’, de que los funcionarios firman, quizá por comodidad, lo que se les pone encima de la mesa”. Y más aun con la palabras del Portavoz del Gobierno y Consejero de Hacienda también sobre el ‘Caso Urbaser’: “Si existiera connivencia hubieramos podido intentar amañar el concurso”. No sería de recibo que, por mucho que Juan Vivas y Rafael Montero quieran “pringar” a los técnicos para escudarse luego en ellos, éstos no actuaran con rectitud. La finalidad de la constitución y funcionalidad de la Mesa de Contratación es, tal y como está configurada hasta ahora, la de garantizar que la oferta presentada por los licitadores sea la económicamente más ventajosa. Que así sea