La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número cinco ha ordenado a la Policía que investigue el
‘caso Urbaser’ tras incoar la causa. Ahora los agentes
investigarán si los pagos indebidos a la anterior
adjudicataria del contrato de limpieza son constitutivos de
un delito de malversación de fondos públicos y quiénes
estaban detrás de los mismos.
El ‘caso Urbaser’ está dando sus primeros pasos en los
juzgados. Después de que se incoaran diligencias al recibir
la denuncia del PSOE de unos pagos indebidos a la empresa de
limpieza, la juez instructora del caso ya ha ordenado a la
Policía que investigue si se produjo una malversación de
fondos en el presunto pago de 12,5 millones de más a Urbaser
en concepto de amortización de vehículos. Tanto la Policía
Nacional como la Guardia Civil tienen potestad para
investigar este tipo de causas a través de sus unidades de
delitos económicos. No obstante, en este caso todo apunta a
que será la Policía Nacional la que se encargará de la
investigación por cuestión de competencias.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco
es el encargado de la causa y esta semana ha remitido de
oficio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la
petición para que indaguen si se produjo un desfalco de
caudales públicos. De momento, no existen imputados en esta
causa, ya que en la denuncia presentada por el PSOE ante
Fiscalía no se señala a nadie como el responsable de estos
presuntos pagos indebidos. Por ello, habrá que esperar a que
la Policía concluya su informe sobre el ‘caso Urbaser’ para
saber quién pasará ante la jueza a declarar. Tras conocer el
resultado de la investigación policial y quiénes fueron las
personas relacionadas con el anterior contrato de la
limpieza, podrán llegar las primeras imputaciones y se
decidirá cuáles serán las personas que pasarán como testigos
por el juzgado.
En esta fase de instrucción también se prevé que se
encarguen informes periciales sobre las cuentas de los
últimos diez años en los que el PSOE denunció que se pagaron
12,5 millones de más por la amortización de los vehículos.
La prueba pericial económica, si está bien elaborada y se
presenta de forma sólida, juega un papel importante en los
procedimientos judiciales, ya que se presume que el perito
es objetivo en su análisis. Tanto las partes como el
magistrado instructor de una causa pueden solicitar los
informes periciales. Por su parte, desde Fiscalía ya
manifestaron que existían “indicios de delito” en este caso
cuando remitieron al Juzgado la denuncia que presentó el
líder del PSOE ceutí, José Antonio Carracao, junto con un
informe técnico en el que figuraban estos descuadres.
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