Los expertos en el análisis financiero apuntan a que en
España hay una oligarquía financiera que está siendo
financiada con recursos públicos y con un esfuerzo tremendo
del ciudadano de a pie al que se le obliga a resolver un
problema que han creado las propias entidades finacieras y a
las que no se les ha exigido ningún tipo de responsabilidad
por su mala gestión.
Mientras que cualquier ciudadano ha de someterse a una serie
de normas de tipo fiscal, tributario, de riesgos laborales y
de toda índole, a los responsables de entidades financieras
que han provocado verdaderos caos económicos de miles de
millones de euros, no se les ha exigido ningún tipo de
responsabilidad. Un hecho que sería inimaginable que se
diera en una empresa privada en la que habría de dar cuentas
de la gestión económica y, lo más probable que con
consecuencias penales.
Este panorama de discriminación es lo que indigna a quienes
comprueban el sufrimiento de pymes y ciudadanos, abocados a
situaciones críticas a nivel económico.
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