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La senadora por Ceuta, Luz Elena Sanín ha comparecido en
rueda de prensa para exponer el posicionamiento de su
partido, el PP en relación a la controvertida medidas de
pago de tasas judiciales que, conforme ha expuesto, sólo es
para algunos casos y no con carácter general, si bien el
objetivo que se persigue es evitar el colapso de la
Administración de Justicia que tiene en la actualidad más de
dos millones de causas judiciales sin resolver por el
colapso existente, ya que se den mucho casos de actuaciones
dilatorias que alargan los procesos judiciales.
La senadora Luz Elena Sanín ha expuesto que las tasas
judiciales están en vigor desde el año 2003 en el orden
civil y el Tribunal Constitucional ya las avaló declarando
que el sistema judicial debería pagarlo el judiciable ya que
si no fuera así habría que afrontarlo con los impuestos de
todos.
“No puede ser sufragado con el dinero de todos -apunta Sanín-,
descolapsar la Administración de Justicia como tampoco puede
parecer justo utilizar el sistema judicial de forma
continuada para ser utilizado con los impuestos del
contribuyente”.
Para la parlamentaria ceutí, las tasas judiciales también
están avaladas por el informe del Consejo de Europa, ya que
el 46% de los países europeos exigen las tasas y son muy
superiores de las establecidas en nuestro país. Igualmente,
el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos también avala
las tasas.
Saní recuerda las críticas de algunos jueces y fiscales
sobre este asunto que fueron recriminadas por el presidente
del Tribunal Supremo, ya que supone, para Luz Elena Sanín,
“que parte del estado, ya que el Poder Judicial es parte del
mismo, está contra el estado, es decir, el poder
legislativo”.
En palabras de la senadora, hay más de dos millones de
causas judiciales pendientes sin resolver. “No podemos
judicializar -dice-, todas las contiendas aunque sean
cuestiones menores entre partes ni admitir recursos contra
resoluciones judiciales que son, en algunas ocasiones, sin
fundamento”. Para la senadora “se recurre con animo
dilatorio en ocasiones durante el tiempo de trámite y la
medida de cobro de tasas, trata de descolapsar la
Administración de Justicia. Así los jueces pueden dar una
respuesta más rápida, ya que la dilación es una flagrante
violación de los derechos de justiciado que espera una
resolución a sus pretensiones”. Y ha mencionado el caso de
procesos que pudieron resolverse en ocho meses y han durado
hasta seis años, por las continuas dilaciones en el proceso
judicial.
Lo que se pretende con esta medida, según la senadora, es
que quien recurra a los Tribunales lo haga porque tiene
posibilidades de prosperar su causa judicial, ya que en este
caso, se le devuelve el dinero, si bien no es obligatorio el
pago de tasas en todas las circunstancias y hay excepciones:
cuando se trate de un proceso de defensa de los derechos
fundamentales, los asuntos penales, a las víctimas de
violencia de género, en el ámbito de los social en primera
instancia y cuando se gane menos de 15.975 euros anuales, y
los juicios verbales hasta los 2.000 euros. En cuanto a los
precios van desde los cien a los 1.200 euros en primera
instancia, de 200 a 1.200 euros en la primera instancia de
los contenciosos y de 500 a 750 euros en lo social sólo en
cuanto a los recursos, ya que en primera instancia no se
pagan tasas judiciales.
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Sanín sale al paso de las críticas sobre las tasas y pone
los puntos sobre las íes
La senadora del Partido Popular ha
querido matizar y cconcretar los extremos de las medidas
adoptadas por su Gobierno sobre el pago de las nuevas tasas
en Justicia. Ha hecho ver que no se aplicarán con carácter
general y que hay matizaciones, excepciones y situaciones
que contemplan, eximir de su pago en determinadas
circunstancias y en casos muy concretos. También que aquel
que gane un juicio, tendrá la devolución de cuanto haya
pagado y que el fin último, es evitar el colapso de los
Juzgados, ante las causas que emprenden procesos dilatorios
y que se eternizan en el tiempo, aparte de acumular
muchísimos procesos que son difíciles de tramitarse por su
elevada cifra.Hay límites en cuantías económicas para
quienes tengan un sueldo concreto y se trata de equiparar en
posibilidades de acceder a la Justicia a todos así como
evitar que con el dinero de los impuestos de los
contribuyentes se abonen procesos judiciales dilatados en el
tiempo, ya que se prima a quien acude al Juzgado con
intención de que su causa gane.
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