La primera semana de aplicación del decreto que deja sin
tarjeta a los inmigrantes irregulares ha transcurrido con
“normalidad” en los centros sanitarios, según los gobiernos
autonómicos, aunque algunas organizaciones aseguran que se
han producido algunas restricciones y desatenciones, según
recoge Efe.
El pasado día 1 entró en vigor esta norma, con la que el
Ejecutivo pretende ahorrar al menos 1.500 millones de euros
y que afecta a 910.000 pacientes que no pagan impuestos y,
especialmente, a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de
residencia, por su vulnerabilidad económica y social. El
Ministerio de Sanidad ha asegurado que se atenderá a los
inmigrantes irregulares en urgencias en caso de accidente o
enfermedad grave; en el embarazo, parto y postparto, y a los
menores de 18 años. Tampoco dejará sin su tratamiento a los
pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.
Algunas comunidades como Andalucía, Asturias y País Vasco
adelantaron que no aplicarían esta norma y que seguirían
atendiendo a los inmigrantes como hasta el momento, algo que
también apuntaron las comunidades de Castilla y León y
Galicia.
Los Ejecutivos autonómicos han explicado que durante estos
días no se han producido incidentes y se han desarrollado
con normalidad, si bien han aumentado las consultas para
saber sobre la aplicación del decreto y numerosos ciudadanos
han formulado sus dudas sobre la forma de facturación. En
cambio, algunas organizaciones aseguran que se han
registrado las “primeras restricciones”.
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