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Los teléfonos móviles de los representantes sindicales de
las principales agrupaciones con federación de enseñanza en
Ceuta han sufrido este fin de semana un notable incremento
de llamadas. Docenas de personas reclamaban explicaciones
sobre las consecuencias del bloqueo del Gobierno ante las
oposiciones andaluzas, al menos durante los próximos cinco
meses, mientras el Tribunal Constitucional decide si la
convocatoria de 2.389 plazas es o no legal. “Los opositores
están muy enfadados”, dice la responsable de CSI-F,
Estefanía Lara, que entiende que “si han impugnado, van a
ganar, y es lo que hay”. ¿Qué les queda a los estudiantes?
“La indignación y el sentimiento de verse implicados en
juego entre partidos”, dice. “Están usando la Educación como
arma política”, apunta Lara, mientras su compañero en FETE-UGT,
Francisco Lobato, lamenta que la decisión se haya tomado en
el último minuto, lo que agrava las consecuencias de su
repercusión. “Se había dejado entrever que no se haría nada-
recuerda- y los principales perjudicados de todo este
entramado son los opositores, toda su ilusión y su trabajo
por sacar un puesto se va al garete”. El sindicalista estima
que si el problema de legalidad reside en que se ha superado
el límite de reposición permitido (un 10% tras la última
modificación) se podían haber eliminado estas plazas, con lo
que la medida habría sido menos dañina. “Ahora han sesgado
toda posibilidad. Veo en estos movimientos tintes de
venganza por parte del PP por no haber conseguido gobernar
Andalucía”, concluye. Por el momento los sindicatos creen
poco probable que se convoque alguna movilización en Ceuta.
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