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Tras doce horas de juicio -divido en dos sesiones- y
escuchar casi una veintena de testimonios, el fiscal
asignado al caso decidió rebajar la pena que inicialmente
solicitaba para ambos acusados. El representante del
Ministerio Público pedía ocho años de prisión por dos
delitos de homicidio imprudente para cada facultativo,
además de la inhabilitación profesional durante seis años y
la obligación de pagar una indemnización de 500.000 euros.
Ayer, modificó su petición para solicitar una condena de un
año de prisión por homicidio imprudente, tres años de
inhabilitación una indemnización de 200.000 euros para los
padres.
Para el fiscal, quedó demostrado que se produjeron
irregularidades organizativas y en la toma de decisión para
atender a los neonatos para los que no se estableció “la
posibilidad de darle tratamiento”. Además, señaló que la
actitud de S.O.A. al no acudir al Hospital siendo el
pediatra de guardia, “es reprochable penalmente”.
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