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ACTUALIDAD - DOMINGO, 17 DE JULIO DE 2011

 

inmigración

El PP exige que el ministro de Interior
informe sobre la “saturación” de los CETI

CEUTA
Redacción

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Rafael Hernando, anunció ayer a través de un comunicado que el PP ha solicitado la comparecencia urgente en Comisión de Interior del ministro del Interior, Antonio Camacho, para que informe sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Ceuta y Melilla (en realidad Centros de estancia Temporal de Inmigrantes, CETI), que “una vez más vuelven a encontrase en una situación de sobresaturación”.

Según explicó Hernando, el Grupo Popular pretende que Camacho explique “las medidas que está adoptando y que piensa adoptar ante esta sobresaturación, ya que en estos momentos en el centro de Melilla se hacinan más de 700 inmigrantes ilegales”, cuando la capacidad óptima del mismo se cifra en 480 plazas. En el caso de Ceuta, el límite está en 512 plazas y la cifra actual de acogidos es de unos 670.

De este modo, el portavoz de Inmigración del PP advirtió “del peligro que supone la situación de hacinamiento ante la posibilidad de que vuelvan a producirse disturbios como los que se produjeron hace algunos meses en el centro de Melilla y que acabaron con la muerte de varios extranjeros”. Así, Hernando pidió al ministro del Interior que exija a Marruecos mayor control de las fronteras y más agilidad para proceder a las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular.

Además, el diputado del PP criticó que el anterior ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se haya negado durante todo este tiempo a comparecer en el Congreso para explicar los hechos producidos y consideró que es algo “urgente dar una solución definitiva a este problema si tenemos en cuenta precisamente los antecedentes que se produjeron en dicho centro hace unos meses”.

Por último, Hernando lamentó que Interior “haya sido incapaz” de aprobar un reglamento para los Centros de Extranjeros, después de más de un año, cuando la Ley de Extranjería marca un plazo máximo de seis meses.
 


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