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Como no podía ser de otra manera, la falta de espacio para
construir nuevos centros educativos en Ceuta ocupa un
espacio destacado en el dictamen del Consejo Escolar del
Estado (CEE) sobre la situación de la Educación en la
ciudad. En sus conclusiones detalla que Ceuta cuenta con
dieciséis centros públicos de Educación Infantil y Primaria,
un centro público de Educación Especial, seis institutos de
Educación Secundaria, dos centros de personas adultas, una
Escuela Oficial de Idiomas y seis centros privados
concertados, estructura que “puede considerarse suficiente
para el tamaño y la demanda de las ciudad”, pero resalta que
“es notoria la necesidad de construcción de centros
educativos que palíen las insuficiencias de espacio de los
centros ya existentes y solucionen las presiones de
escolarización de ciudadanos no españoles, que surgen
periódicamente por su situación geográfica”.
Por ello el Consejo insta a la Ciudad Autónoma y al
Ministerio de Educación a “agilizar los trámites que
posibiliten, lo antes posible, que la ciudad disponga de los
centros escolares que necesita”.
“La escasez de suelo público que pueda ser dedicado a nuevas
construcciones escolares es una constante en ambas
ciudades”, completa, “donde la presión de escolarización
eleva las ratios grupo/alumno a cotas no deseables, aunque
la ratio profesor/alumno sea de las más favorables en
relación con la media nacional”.
Colaboración institucional
El informe del Consejo Escolar también repasa los convenios
de colaboración que el Ministerio mantiene con las ciudades
de Ceuta y Melilla “para el desarrollo de diversos programas
de interés mutuo centrados en acciones de compensación
educativa y de formación de jóvenes y adultos
desfavorecidos”, sobre los que “considera conveniente que se
firmen con la antelación suficiente para que puedan comenzar
efectivamente, al inicio de las actividades docentes, en
septiembre y que se evalúen adecuadamente las actuaciones
previstas”.
Sobre las becas, tema en el que recuerda que en Ceuta se
firmó un convenio por el que universalizó ayudas entre todos
los alumnos matriculados en los niveles de enseñanza
obligatorios, insta al Ministerio de Educación “a que las
cuantías de las ayudas para libros de textos se correspondan
con los costes reales de los mismos”.
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