La Cámara autonómica aprobó ayer por consenso minutos
después de que el Decreto-ley 8/2010 recibiese el visto
bueno del Congreso de los Diputados una propuesta rubricada
por el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, para, en
nombre de la estructura política de la Asamblea, “hacer
nuestro el esfuerzo que se está exigiendo a todos” en forma
de “reducción de los salarios del funcionariado, congelación
de las pensiones, desaparición del ‘cheque-bebé’ y el resto
de medidas contenidas en dicha disposición, recortes de los
que queda excluido el plus de residencia, como ayer confirmó
la Delegación.
El debate de la iniciativa sirvió al líder de la oposición,
Mohamed Ali (UDCE), para volver a criticar la política
económica del PP “basada en el endeudamiento” y para llamar
la atención al Ejecutivo local sobre el veto al crédito a
corto y largo plazo que, según el Ministerio de Economía, le
afectará también desde ya.
Márquez insistió en que el Gobierno de Vivas sigue
considerando que lo previsto en el Estatuto prima sobre el
citado Decreto “por jerarquía normativa y otros argumentos
jurídicos”. Igualmente confirmó que Ceuta no extenderá los
recortes salariales a las empresas municipales, aunque Ali
le instó a preguntar al Estado si cabe otra interpretación
al respecto “para que no haya funcionarios de primera y de
segunda”. Ramírez acusó a los Populares de tener “un
discurso aquí y otro a nivel nacional” y cargó contra su
gestión “porque mientras congela o recorta los sueldos de
los altos cargos y el personal de confianza no deja de
contratar más, con lo que el ahorro es nulo”.
La discusión entre el consejero y la portavoz socialista se
agitó cuando el primero recordó que la culpa de lo que está
pasando la tiene Zapatero, responsable “del mayor recorte de
derechos sociales conocido” y esta ironizó con que Márquez
sólo piensa “en la chaqueta y la corbata que se pondrá en el
Congreso”. “Vaya papeleta la suya”, le replicó el titular de
Hacienda, “que le toca defender lo indefendible”.
Por “responsabilidad” todos los diputados apoyaron una
medida con la que la Ciudad ahorrará más de medio millón de
euros hasta 2012.
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