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El Gobierno de la Ciudad Autónoma se ha comprometido a
“analizar” desde todos los puntos de vista la “viabilidad”
de poner en marcha las peticiones que los empresarios
ceutíes le trasladaron el pasado jueves en el seno del
Observatorio Fiscal Permanente de la Administración local.
En dicha reunión la patronal ceutí instó al Gobierno
presidido por Juan Vivas a 1) ampliar de noventa a 120 días
el plazo para la liquidación de sus obligaciones tributarias
en relación con el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (IPSI); 2) que la institución
acepte “medios de pago poco habituales” como pagarés o
letras (la normativa establece que debe efectuarse el pago
“en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados”) y
3) que “flexibilice” el reglamento de recaudación que
clasifica a las sociedades en función de su respeto más o
menos escrupuloso los plazos de abono a la Administración de
sus impuestos.
“Los empresarios nos han planteado varias propuestas que a
su juicio podrían hacer más fácil el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma cuya viabilidad
vamos a estudiar a fondo”, anunció el consejero de Hacienda,
Francisco Márquez, quien explicó que el análisis de dichas
iniciativas debe contemplar tanto vertientes legales como
estrictamente económicas.
En relación con la posibilidad de ampliar de nuevo el
periodo de pago voluntario del IPSI, que ya se extendió
hasta 90 días hábiles desde la introducción de las
mercancías hasta la autoliquidación e ingreso del impuesto
el año pasado, Márquez recordó que la consejería que dirige
debe tener en cuenta “cálculos en términos de Tesorería”
para que no se produzcan tensiones insostenibles en las
arcas públicas a la hora de hacer frente a sus gastos si sus
ingresos varían en lo que a la fecha de recepción se
refiere.
Los empresarios también han solicitado a la Ciudad que
estudie la posibilidad de no exigir el pago de los impuestos
correspondientes a la mercancía importada de inmediato, sino
aplazarlo hasta que liquiden sus obligaciones. La Ordenanza
vigente establece que “en las importaciones el devengo se
producirá en el momento de admisión de la declaración para
el despacho de importación o, en su defecto, en el momento
de la entrada de los bienes en el territorio de sujeción”.
Su otra gran reivindicación pasa porque el Ejecutivo
presidido por Juan Vivas “flexibilice” la aplicación del
denominado ‘circuito rojo’, el reglamento de recaudación que
identifica a las empresas en función de su grado de
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
