Con la directora general de la Marina Mercante como enviada
para cumplimentar el compromiso adquirido por José Blanco en
su día en relación al estudio de las posibilidades de que se
puedan reducir los precios en el servicio del transporte
marítimo, la Delegación del Gobierno de Ceuta fue ayer
escenario del encuentro de la comisión técnica creada en la
Comisión Ciudad Estado para abordar esta cuestión. Un
encuentro que ha servido, además de para saludarse, para
quedar para otra reunión con un análisis de las
posibilidades legales existentes para intervenir en los
precios y en las rotaciones.
La Ciudad Autónoma y la Administración General del Estado
han constituido oficialmente en la Delegación del Gobierno
el grupo de trabajo sobre el transporte marítimo de
pasajeros. El encuentro de la comisión técnica, emanada de
la otra comisión Ciudad-Estado que tuvo lugar en Madrid a
finales del pasado mes de diciembre, ha acordado explorar
las posibilidades legales existentes para que la
Administración pueda actuar a la hora de fijar un precio
máximo y una frecuencia lógica en las rotaciones.
En la reunión, compartida por representantes políticos y
técnicos, han estado presentes, por parte de la
Administración General del Estado, la directora general de
Marina Mercante, Isabel Durántez, el delegado del Gobierno,
José Fernández Chacón, el presidente de la Autoridad
Portuaria de Ceuta, José Torrado, el capitán marítimo, Jesús
Fernández Lera, así como otros representantes del Ministerio
de Fomento y de la Autoridad Portuaria de Algeciras,
mientras que por parte de la Ciudad han participado la
consejera de Sanidad y Consumo, Adela Nieto, el director de
Procesa, José Diestro, un asesor jurídico y un técnico de
Consumo.
Esta ha sido la primera toma de contacto, de modo que el
grupo de trabajo, tras realizar un diagnóstico de la actual
situación, ha acordado lo siguiente: Analizar legalmente la
posibilidad de establecer una tarifa máxima y/o una
frecuencia en las rotaciones. Se trata de comprobar si unas
medidas de esta naturaleza tienen encaje jurídico no sólo en
la legislación nacional, sino también en la normativa
europea.
Estudiar técnicamente el posible precio máximo que pueda
establecerse, dividiendo el mercado en dos escenarios: uno
de carácter general y otro durante la vigencia de la
Operación Paso del Estrecho (OPE).
Explorar el vigente contrato de línea de interés público,
del que es adjudicatario la compañía
Acciona-Trasmediterránea, para fijar un precio máximo en
determinados viajes. En cualquier caso, Marina Mercante
tendrá en consideración las decisiones de este grupo de
trabajo a la hora de redactar el pliego de condiciones del
nuevo contrato, que estará preparado previsiblemente a
finales de año, teniendo en cuenta que la vigencia del
actual finaliza en septiembre de 2011.
Las dos administraciones abordan sus deliberaciones sin
perder de vista que la prioridad es asegurar la conectividad
de Ceuta con la Península los 365 días del año en un barco
con unas características que se adapten a las condiciones
que requiere la línea del Estrecho. No obstante, tanto la
Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma están
actuando de una manera coordinada en la búsqueda de un mismo
objetivo, que, por otro lado, es el que demandan los
ciudadanos.
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El interés del Ministerio de Fomento y el
respaldo a la Ciudad de la Delegación del Gobierno
Es justo y razonable alabar el
manifiesto interés mostrado por el Ministerio de Fomento en
el asunto de la línea marítima del Estrecho y del transporte
en general para los ceutíes. Eso, más el hecho de la
implicación absoluta de la Delegación del Gobierno y el
interés personal de José Fernández Chacón en compartir y
respaldar a la Ciudad Autónoma en todo aquello que implique
el bien general de los ciudadanos de Ceuta. Y esto viene al
caso porque nunca antes una directora o director general de
la Marina Mercante se ha desplazado a Ceuta con nada menos
que tres subdirectores y algún técnico más encabezando una
comisión del Estado con el único interés de acometer medidas
que realmente beneficien a todos. Es, por tanto, la primera
vez en que se puede pensar verdaderamente que existen visos
de que de todo esto salga alguna medida que pueda incidir
decisivamente en una mejora de las condiciones económicas de
los desplazamientos de los ceutíes en la libertad de
movimiento que se debe tener por el territorio nacional.
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