El Pleno de la Asamblea aprobó ayer inicialmente el texto
del nuevo Reglamento de Prestaciones Económicas de la
Consejería de Asuntos Sociales que defendió la titular de
este departamento, Carolina Pérez. La oposición se abstuvo a
la hora de pronunciarse sobre el documento, que consideró
“mejorable” y al que adelantó que presentará alegaciones.
Con el buen tono que caracteriza sus debates la consejera de
Asuntos Sociales, Carolina Pérez, y los portavoces de UDCE y
el PSOE en la Asamblea, Mohamed Ali e Inmaculada Ramírez, se
emplazaron ayer al trámite de alegaciones que ahora se abre
para mejorar de común acuerdo el texto del nuevo Reglamento
de Prestaciones Económicas del departamento que ayer se
elevó al Pleno para su aprobación inicial.
Pérez explicó que gracias a este documento se deslindarán
“lo que son las prestaciones económicas” del Reglamento de
Servicios Sociales propiamente dicho, “tomando cuerpo
independiente y cerrando, junto al Reglamento del IMIS, el
abanico de prestaciones económicas de carácter social de
esta consejería”.
El nuevo texto deslinda las ayudas para el pago de servicios
básicos como la luz y el agua de las alimenticias; regula
los mecanismos de supervisión establecidos para garantizar
el buen uso y justa percepción de las prestaciones e
incrementa los montantes máximos para auxilios tan
demandados como el de los alojamientos alternativos.
Ali y Ramírez prometieron a Pérez que presentarán
alegaciones al documento, entre las que citaron algunas para
garantizar agilidad en la tramitación de las solicitudes de
ayudas o para asegurar que si el perceptor entra en prisión
los subsidios que percibe su unidad familiar se transmitan a
su cónyuge y descendientes, entre otras iniciativas.
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